Quienes nos consideramos liberales, recibimos a menudo la injusta etiqueta de reaccionarios. Esta es una especie que ha hecho circular convenientemente la izquierda española, al objeto de arrogarse el monopolio del progresismo: ese supuesto don divino, que otorga al socialismo la condición de única fuente proveedora del “maná” de los nuevos derechos y avances sociales. Curiosamente, esa falsa superioridad de la izquierda no le impidió abrazar durante décadas a la bestia comunista imperante al otro lado del muro: recordemos que el PSOE no renunció definitivamente al marxismo hasta bien avanzados los años 80… Y tampoco impidió que el “gobierno rosa-progre” de Zapatero ejecutara el mayor recorte de prestaciones sociales de nuestra democracia.
Pero no sólo en los temas sociales. También en la cuestión territorial, la izquierda intenta apropiarse de una exclusiva vocación descentralizadora. Esto lo hacen propagando la caricatura de una derecha visceralmente centralista, para erigirse así en únicos “Guardianes de la Sagrada Puerta” del Estado de las Autonomías. Incluso, aunque ello suponga contradecir la esencia jacobina del socialismo español, claro heredero del ultra- centralismo francés, por mucho que aquel intente disfrazarse de federalista.
Para demostrar la mayor flexibilidad centrípeta del liberalismo, basta comprobar cuáles son los Estados del mundo más descentralizados: Suiza, EEUU, Canadá, Australia… Todos ellos, esencialmente liberales desde su misma creación, y que constituyen el más claro referente de éxito del liberalismo a nivel mundial. En cambio, vemos que aquellos
países tradicionalmente gobernados por la izquierda tienen claros tintes centralistas, incluso tratándose de Repúblicas denominadas “Federales” (Italia, Francia, Rusia, Grecia, México…)
En suma, es una falacia atribuir a la izquierda española un talante descentralizador. Por el contrario, dejando de lado el cantonalismo anarquista y utópico del s.XIX, la Historia de España nos demuestra que la defensa de los Fueros siempre fue liderada por los partidos tradicionalistas (carlismo), y por partidos conservadores de derecha (incluyendo a algunos nacionalistas moderados) Jamás por los socialistas, más partidarios del “Big Central Government”. El único déficit que puede apuntarse a la derecha liberal española, es su escaso protagonismo en la potenciación de la autonomía local y provincial, durante el último tramo del siglo XIX y principios del XX. Perdió así una estupenda oportunidad para ganar la iniciativa descentralizadora, y contrarrestar a los pujantes nacionalismos vasco y catalán.
A esta incomparecencia liberal en la vertebración territorial de nuestro país, le ha seguido la escandalosa abstención del centro-derecha, a la hora de proponer una alternativa al “pseudo-federalismo” que se ha impuesto en España durante estos últimos 40 años. En efecto, el ambiguo Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución, ha terminado degenerando “de facto”, en un federalismo imperfecto que se ha demostrado inviable económicamente. Recordemos que las autonomías han debido ser rescatadas por el Estado, a través del FLA, con la escandalosa cifra de 200.000 millones de euros (!!!!)
Se comprende que, tras este desastre sin precedentes, desde la sociedad civil hayan surgido voces que reclaman una completa “disolución” de las ruinosas autonomías, recentralizando la totalidad de las competencias en el Estado central. No es necesario recalcar lo irrealizable de esta medida, tanto desde el punto de vista práctico como legal (requeriría una reforma integral de la Constitución, y de unas mayorías imposibles de alcanzar por parte de la derecha)
Aún más alocadas son las propuestas procedentes de la izquierda nacional-populista, tendentes a profundizar en la subasta competencial autonómica, vaciando totalmente la reserva estatal, e incluso promocionando los referéndum de secesión. Esta huida hacia adelante nos acercaría aún más al abismo.
Ahora bien; descartando estas medidas drásticas y utópicas, cabe preguntarse: ¿puede la derecha liberal oponer a este ruinoso federalismo un modelo racional y viable de organización territorial, que reduzca el excesivo tamaño y coste de nuestro Estado autonómico? ¿Tiene sentido seguir ampliando las competencias legislativas de estos entes, cuando Bruselas ya ha asumido un 40% de la soberanía de cada Estado de la UE?
¿Por qué no deconstruir buena parte de la superestructura autonómica, para devolver el protagonismo a unas instituciones locales más eficaces y cercanas al ciudadano? (menos política y más gestión)
En mi opinión, el centro-derecha cuenta con una nueva oportunidad para tomar la iniciativa de una próxima reforma constitucional, que contrarreste el excesivo poder legislativo cedido a las actuales 17 Taifas autonómicas, potenciando en su lugar las facultades de gestión de las Administraciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos)
Las líneas básicas de esta reforma constitucional serían las siguientes:
- Conservación del actual techo competencial, por parte de las “Comunidades históricas” (País Vasco, Cataluña y Galicia), exceptuando las competencias de Educación, que serán devueltas al Estado.
- Reducción de la capacidad legislativa del resto de Comunidades Autónomas, limitándola al desarrollo y ejecución de la legislación europea y estatal en sus respectivos territorios.
- Reducción al mínimo de la estructura orgánica, en todas las Comunidades autónomas (suprimiendo cientos de organismos, Fundaciones caciquiles y empresas públicas innecesarias)
- Potenciación de la capacidad de gestión de las Diputaciones Provinciales, reforzando el nivel de profesionalidad técnica de sus plantillas laborales y funcionariales, y abriendo cauces de participación ciudadana en sus Asambleas (democracia directa)
- Reforzamiento de la autonomía local de los Municipios, reduciendo su actual número a la mitad mediante fusiones, al objeto de incrementar su capacidad de recaudación y gestión.
- Los ejecutivos autonómicos se encargarían de la recaudación y asignación de recursos a las entidades locales, coordinando las políticas de gestión a ejecutar por Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, mediante normativas de desarrollo legislativo y reglamentario.
- Conversión del Senado en Cámara de representación territorial, encargada de la legislación nacional en materias no exclusivas del Estado, o delegadas por el mismo. Los partidos nacionalistas y regionalistas tendrán un nuevo protagonismo en este Senado revitalizado, abandonando una Cámara Baja más centrada en los asuntos nacionales.
Esta reforma del Título VIII, ambiciosa pero realista, podría ser impulsada a través de un pacto constitucional encabezado por los tres principales partidos (PP, Ciudadanos y PSOE), siendo incluso factible que se sumaran otras fuerzas, incluyendo a los nacionalistas moderados.
Con una Deuda del 100% del PIB, un sistema público de pensiones a punto de quebrar, y amenazados por el secesionismo, ¿acaso no es momento para ahorrarnos esos 200.000 millones, enviar a las colas del INEM a 100.000 politicastros y a su corte de amiguetes, al paso que neutralizamos la fuerza centrífuga de los nacionalismos?
Centro-derecha liberal, ¡¡ despierta !! La pelota de la vertebración territorial de España está en tu tejado. No permitas que el socialismo te aplique, una vez más, su cinturón sanitario, para reducir tu papel a mero vagón de cola de la desbocada “socialdemofagia”.
Abogado. Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Business School (Madrid). Asesor legal y financiero, experto en Banca Privada y financiación.
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