Visto la fácil que a ojos de Pedro Sánchez es reformar nuestra Carta Magna (él se proponía modificarla en tan sólo sesenta días) es el momento de que los españoles propongamos su reforma en asuntos en los que la mayoría estamos de acuerdo, pero que no están en la agenda de los partidos políticos. Porque con una reforma que aborde algunos de los puntos que -muy de pasada- mencionaremos en este artículo, se habrán resuelto muchos de los problemas estructurales de nuestra arquitectura institucional.
Lo primero sería suprimir el apartado segundo del artículo 33, que supedita los derechos a la propiedad privada y a la herencia a “la función social” que dispongan las leyes. Es decir, el reconocimiento y protección que nuestra Constitución da a la propiedad privada es papel mojado, ya que permite que el Gobierno cometa cualquier arbitrariedad, sólo le basta promulgar una ley para establecer todo tipo de restricciones y atropellos contra la propiedad, como: los impedimentos a las viviendas vacacionales, el establecimiento de horarios comerciales, la prohibición del uso del vehículo particular para actividades de transporte de pasajeros; por no hablar de todas las limitaciones que impone la normativa urbanística. En definitiva, el apartado segundo del artículo 33 deja la puerta abierta a la constitucionalidad de una economía socialista.
Puestos a reformar, también deberíamos suprimir el término “nacionalidad” contenido en el artículo 2 de la Constitución –por no hablar directamente de la supresión de las Comunidades Autónomas- un neologismo innecesario que ha dado aire a las reivindicaciones soberanistas y a las tesis confederales, en lo que es una involución feudalizante que nos remonta a mitos fundacionales imaginarios y a realidades históricas y actuales inexistentes. La introducción del concepto de nacionalidad sólo ha servido para eliminar la verdadera diversidad española, que es la que se fundamenta en la singularidad y diversidad de todos y cada uno de sus pobladores, y no en el encasillamiento de las personas en función de su lugar de nacimiento y el otorgamiento de privilegios basados en retrógrados criterios geográficos, que es lo que se está haciendo con los procesos de ingeniería social para la construcción de identidades nacionales a base del boletín oficial de cada Comunidad Autónoma.
Otra reforma importante es la derogación de la Disposición Transitoria cuarta, que pende como una “espada de Damocles” sobre Navarra. Tras cuarenta años, la transitoriedad de dicha disposición ya carece de sentido y los navarros no pueden vivir permanentemente amenazados por las ínfulas expansionistas del nacionalismo vasco, que pretende anular la identidad colectiva de los navarros bajo la pesada bota de la colonización cultural vasquista.
Muchos otros aspectos podrían ser modificables para reforzar nuestra arquitectura institucional (especial consideración debería tener la introducción de mecanismos que hicieran realidad la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Mediático). Pero lo que Pedro Sánchez nos ha enseñado es que se puede modificar la Constitución y que puede hacerse en tiempo récord. El mayor obstáculo que tiene el centro derecha nacional para reformar la Constitución no son las mayorías parlamentarias reforzadas, sino la falta de voluntad y de convicción para hacerlo.
JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.
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