La inmensa mayoría de la población tiende a aceptar la injerencia estatal en toda cuestión que afecta a su vida diaria, a ver como positiva la intervención de las administraciones públicas en las distintas facetas de nuestra existencia. Asumen que los políticos lo hacen por nuestro bien, de ahí que justifiquen toda acción del Estado dirigido a “suplir las carencias del mercado”. Esta actitud complaciente con las restricciones a nuestra libertad hace que poco a poco vayamos entregando a la burocracia funcionarial las cuestiones más importantes que afectan a nuestro devenir diario. De esta manera, todo lo que es importante en la vida de las personas acaba siendo decidido por el Estado, la élite funcionarial o los políticos: pensiones, educación, sanidad, vivienda, etc. Quedando cada vez más constreñidos los ámbitos en los que uno ejerce su soberanía personal, en los que realmente es dueño de sí mismo.
Esta servidumbre voluntariamente aceptada se objetiva en el porcentaje de renta que es detraída por el Estado para ser administrada por él. Así, la parte del PIB gestionada por el Estado no ha dejado de crecer en las últimas décadas, durante las cuales la presión fiscal ha pasado del 14,3% en 1.965 al 34,2% en 2017. Si además tenemos en cuenta el impacto de las cotizaciones a la Seguridad Social, la cuña fiscal sube hasta el 39,4% del total de los ingresos de los trabajadores. Es decir, en los últimos años los contribuyentes han pasado de auto gestionar el 86% de la renta nacional a sólo el 66%, dejando el resto en manos de los políticos.
Lo normal es que este incremento del 240% de la presión fiscal (20 puntos) hubiera ocasionado un gran estallido social, como sucedió en las Trece Colonias Británicas y que finalizó con la creación de los Estados Unidos. Conflicto que tuvo como desencadenante el Motín del Té en Boston, de claras motivaciones fiscales. Históricamente las alzas de impuestos han sido origen de tumultos y rebeliones. Incluso el alzamiento de los Comuneros de Castilla contra Carlos I, motivado por la demanda regia de fondos con los que financiar su elección como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido en la actualidad, ni tiene visos de suceder. Más bien al contrario, pues lejos de exigir la recuperación de espacios de libertad, una mayoría social no hace más que demandar nuevos subsidios y prestaciones con cargo al Estado, en lo que es una renuncia voluntaria a ejercer su soberanía individual. Esta reivindicación del incremento del poder del Estado sobre nuestras vidas tiene algo de patológico, de síndrome de Estocolmo. Nos recuerda al populacho vociferante que gritaba ¡vivan las cadenas! para celebrar el regreso de Fernando VII, el rey felón, y la reinstauración del absolutismo regio.
Llegará un día en el que entregaremos la totalidad de nuestros ingresos al Estado para que sea él quien nos lo administre a cambio de unos servicios públicos obligatorios y al que además tengamos que estarle agradecidos porque, en su magnanimidad, nos permitirá manejar una pequeña cantidad de nuestro sueldo, a modo de paga semanal, para que podamos gastarlo en tomar un par de cañas el fin de semana o comprarnos algo de ropa. Hoy ya nadie reclama libertad, sino que el Estado le sacie sus necesidades materiales.
JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.
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