Nos despertamos todos los días los colombianos con noticias que nos llenan de pesar por el país donde nacimos, de frustración por el grado de degradación al que ha llegado nuestra sociedad y por el oscuro porvenir que legaremos a nuestros descendientes.
Desde la posesión del doctor Iván Duque como Presidente de la República, cargo para el cual fue elegido democráticamente, el derrotado Gustavo Petro se ha dedicado no sólo a hacerle una cerrada oposición (que para eso es la Democracia), sino a organizar toda clase de manifestaciones violentas, paros ilegales y asonadas contra la autoridad. Lo último fue el desconocimiento de la legitimidad de la investidura tanto del Presidente como de la Vicepresidente, y el llamado a la resistencia civil, para que nos neguemos a pagar los servicios públicos o a enviar los hijos a la escuela.
Parece que esa fue la consigna que recibió en su reciente reunión en La Habana con sus camaradas del Foro de Sao Paulo. Claro que nunca se le ocurrió desconocer la legitimidad de su aliado Juan Manuel Santos, reelegido gracias a los dineros de Odebrecht y al cochino montaje del hacker en contra de Oscar Iván Zuluaga, quien había ganado en la primera vuelta.
Es la repetición de la vieja artimaña de las izquierdas: Argumentar en contra de las decisiones del pueblo cuando les son desfavorables, aunque después, cuando asaltan el poder, borran de tajo cualquier posibilidad de convocar a elecciones libres, como lo han demostrado sus admirados socios en Venezuela, Chaves y Maduro.
Mientras tanto, en Argelia, Cauca, una de las zonas más cocaleras del país, un grupo de pobladores autodenominados como “líderes comunitarios” rodearon a tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), número 10, y les dieron un plazo perentorio de 72 horas para abandonar la zona, so pena de que, si no lo hacían, actuarían de manera más drástica. Recordamos con dolor una reciente imagen de un indígena amenazando con un machete a un impávido soldado armado, o los ataques con bombas “molotov” a la policía que pretendía defender nuestras ciudades de los desmanes cometidos en las marchas “pacíficas” de la izquierda antes de la pandemia.
¿A qué extremo de permisividad hemos llegado que se ha perdido todo vestigio de respeto a la autoridad? ¿ Cómo es posible garantizar la seguridad en los campos o la tranquilidad en las ciudades, cómo permitir a la ciudadanía el libre ejercicio de sus legítimos derechos, cuando la autoridad abandona el cumplimiento de sus más elementales deberes?
Coordina bien la “mano negra” que dirige la toma del poder por el narco-comunismo la utilización de todas las formas de lucha. Por iniciativa de los congresistas de las Farc y del comunista Cepeda, se presentó una tutela para suspender la asesoría que militares norteamericanos venían prestando al ejército colombiano en la lucha contra la droga. Pues, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconociendo los convenios internacionales suscritos por el país, y aplicando una norma que se refiere al tránsito de tropas que van a atacar a otro Estado, no a asesores sin armas que están prestando una asesoría, aceptó la tutela. Se despojó al Presidente de su función de dirigir las Fuerzas Militares y las Relaciones Exteriores; se abrió una tronera para que cualquier parlamentario recurra a una tutela y permita que la Justicia asuma funciones que no le competen.
Tenemos derecho a preguntarnos: ¿Quién gana con estas irregulares situaciones? Los narcotraficantes de Farc y del ELN; la fuerza narco-comunista que pretende el poder en el 2022; los jueces que pretenden congraciarse con su benefactor Santos y facilitar la transición hacia el socialismo del siglo XXI; los delincuentes y enemigos de la Patria que ven a nuestros soldados como el único dique que aún se opone a su insano propósito de convertirnos en otra Venezuela.
Es hora de levantarnos como un solo haz contra esta repugnante hidra que amenaza el futuro del país. Las elecciones del 2022 no son sólo para cambiar un presidente y unos congresistas por otros. No, señores. Nos jugaremos el futuro de la Patria y el de nuestros hijos. Por eso nos estamos uniendo en una alianza para la reconstrucción de Colombia, no te quedes por fuera.
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.
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