Es habitual entre los liberales y afines, considerar que la legislatura presidida por Mariano Rajoy fue antiliberal. Que fueron cuatro años de retroceso para la causa de la libertad. Más que dar mi opinión al respecto, lo que me interesa en este artículo es dar datos que permitan una conclusión más objetiva y menos basada en prejuicios o antipatías personales. Me limitaré al área económica.
Desde esa perspectiva, sobresalen tres medidas claramente antiliberales. En primer lugar, el rescate a las cajas de ahorro con gestión politizada (Bankia, BMN, NCG, CX). Sin embargo, dicho rescate también implicó la conversión de las cajas en bancos comerciales, lo que supone haber reducido significativamente la influencia de la política en el sistema financiero.
También son antiliberales el aumento del IVA (el tipo general pasó del 18% al 21%) y la creación de nuevos impuestos (los llamados “medioambientales”). En cambio, la subida del IRPF de 2011 es un caso especial: con las dos rebajas de 2015, las rentas de hasta 300.000 euros/año son gravadas ahora con un tipo inferior. Pero las rentas de capital mayores a los 24.000 euros/año son gravadas con un tipo mayor.
Dentro del terreno tributario, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades fue reducido desde el 30% al 25% (el tipo del 25% comenzó a regir el 1 de enero de 2016). Se pusieron en práctica varias rebajas en las cotizaciones sociales (exención de cotizaciones sobre los primeros 500 euros de salario para las nuevas contrataciones fijas).
Puede alegarse que la presión tributaria (recursos no financieros de las AA.PP. respecto al PIB) aumentó. En efecto, la misma pasó desde 36,2% en 2011 a 38,4% en 2015. Con todo, debe tenerse en cuenta que el período 2008-2011 fue el de menor presión tributaria desde 1990 como resultado de la crisis y no de una política “liberal”. La presión tributaria de 2015 fue inferior a la media 2004-2007 (39,9%) y no muy diferente que la de 2003 (37,9%).
El gasto público (excluyendo el pago de intereses) fue en 2015 un 4,6% menor que en 2011. En términos del PIB, el mismo pasó de 42,7% en 2011 a 40,3% en 2015. Pese a que la legislatura 2011-2015 fue la primera que acabó con una reducción del gasto público, el mismo supera el 36,8% del PIB del período 2004-2007. La legislatura 2011-2015 fue también la primera que acabó con un menor número de asalariados en el sector público, con una reducción de 234.000 plazas.
Hay un conjunto de medidas en las que puede reconocerse una orientación liberal, aunque la misma no fuera deliberada. Medidas que un liberal puede considerar insuficientes (casi siempre puede hacerse esa crítica), pero que van en la dirección adecuada.
La reforma laboral es tal vez la más relevante. Sin dudas, se trata del mayor avance en la legislación laboral desde la sanción del Estatuto de los Trabajadores. No menos importante es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que evitará en el futuro la repetición de una política fiscal temeraria como la de los años 2004-2011 y que es el instrumento con el cual se va obligando a las autonomías a ordenar sus cuentas. Se ha creado un organismo especialmente dedicado a velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas (la AIREF).
La Comisión de Reforma de las Administraciones (CORA) ha logrado la mayor reducción de la estructura administrativa estatal de la democracia. Se han suprimido 2.348 entes públicos. El trabajo de la CORA también ha eliminado el abuso de poder de las AA.PP., reduciendo el período de pago a los proveedores. En la Administración central, desde 60 a 15 días, en las autonomías desde 182 a 62 días, y en los ayuntamientos desde 190 a 50 días. Vinculado con lo anterior, en la legislatura analizada también se terminó con el abuso estatal de no pagar a sus proveedores, saldándose una deuda acumulada de 45.000 millones de euros.
Aunque en este caso sí insuficientes, se dieron pasos para la liberalización de horarios comerciales (creación de las Zonas de Gran Afluencia Turística, idea malograda en gran medida por los ayuntamientos) y se privatizó parcialmente AENA.
Poniendo en la balanza todos estos elementos, personalmente no creo que se pueda calificar como antiliberal la política económica de la legislatura 2011-2015. Que cada uno haga su propio balance. En lo que sí creo que estaremos todos de acuerdo es que el balance, cualquiera fuera, ha sido mejor que el que hubiera cabido esperar de un gobierno socialista liderado por Rubalcaba. También ha sido mucho mejor que el que puede esperarse de las alternativas (populista, socialista y socialdemócrata “cool”) que ahora se ofrecen a esa política económica.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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