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El argumento que se esgrime para defender la aplicación del salario mínimo interprofesional es siempre el mismo: la defensa de los derechos de los trabajadores más vulnerables. Es decir, se entiende que con la aplicación de un salario mínimo se protegen mejor los derechos del trabajador y se conseguirá también un mejor reparto de los “ingresos”, que no los “beneficios” de una actividad empresarial. Por tanto, además, se le atribuye al salario mínimo unas virtudes como catalizador para una mejor redistribución de la riqueza.
Nada más lejos de la realidad. Su efecto es más bien contrario a los beneficios que sus defensores predican. ¿Por qué comento esto? Principalmente por una cuestión de teoría económica, además de por los resultados obtenidos donde se ha aplicado.
La única variable a tener en cuenta cuando hablamos del salario minino es la “productividad”. El salario está directamente relacionado con la productividad y por lo tanto, cualquier subida salarial que no vaya de la mano de un aumento de la productividad tendrá solo un impacto en el nivel de precios, provocando inflación.
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