Corrupción socializada

Corrupción socializada
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Javier Jové

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JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.
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Tras cuarenta años en el poder todo a punta a que el PSOE será desalojado de la Junta de Andalucía. Cuarenta años durante los cuales la región se ha descolgado del resto de España y se ha agrandado la brecha con la media de la Unión Europea. Con los peores indicadores en fiscalidad, paro, actividad económica, nivel educativo y calidad del sistema sanitario, la pregunta obvia es ¿por qué ha durado tanto tiempo el PSOE en el poder en Andalucía? Y la respuesta es inequívoca: gracias a la corrupción.

La corrupción del PSOE en Andalucía no ha pasado factura en todos estos años porque, a diferencia de la corrupción de derechas, es una corrupción popular, una corrupción extensiva que beneficia a muchos. Mientras que, por el contrario, los casos de corrupción del Partido Popular afectan a personas que se lucran a título personal (el caso más paradigmático es el de Bárcenas, aunque también es similar el de Jaime Matas y su palacete en Palma de Mallorca), acumulando grandes patrimonios personales. En el caso del PSOE la corrupción beneficia a muchas personas, a muchos colectivos y sectores sociales, lo que hace que no sea vista como algo negativo, sino como algo que beneficia a muchos. Mientras en un caso el saqueo de los fondos públicos beneficia a personas muy concretas, el saqueo socialista es masivo y extendido. Precisamente por ese motivo la corrupción socialista es vista con buenos ojos y precisamente por eso a penas tiene coste electoral. Son miles las personas que se benefician de la administración paralela andaluza, miles los prejubilados irregularmente y los beneficiados por el fraude en los cursos de formación, las peonadas ficticias o las trampas en el acceso al salario social. Es más, en la medida en que está implantada la mentalidad de que el dinero público no es de nadie, que los fondos son abstractos y que están ahí para ser repartidos, la corrupción masiva se percibe positivamente al configurarse como un conducto, un cauce, por que el dinero llega a la gente. La corrupción es vista como un elemento redistributivo más. Todo ello hace que la posibilidad de que el PSOE pierda el poder sea vista como un peligro para la continuidad de la corrupción masiva y popular, así, el cambio político en Andalucía se ve como un riesgo para la continuidad de la corrupción generalizada de la que muchos viven. La corrupción de izquierdas, por lo tanto, no opera como una palanca para el cambio político, sino de inmovilismo.

La corrupción de izquierdas es, por todo ello, mucho más abultada y dañina, porque las prácticas corruptoras, por su extensión y permeabilidad social, corrompen a la sociedad misma y tienden a su perpetuación. Por este motivo la corrupción progresista no es objeto de reprobación social. La corrupción de izquierdas llega a instituirse como un régimen, un modelo social y económico que se basa en el saqueo de los fondos públicos, auténtico modus vivendi de muchas personas a costa de los verdaderos trabajadores, que ven cómo el fruto de su trabajo es devorado por una sociedad altamente subsidiada y una administración paralela improductiva y parasitaria.

La corrupción de derechas hace ricos a unos pocos, pero no daña la capacidad productiva de la sociedad ni lastra su capacidad para generar riqueza. La corrupción de izquierdas, por el contrario, destruye los fundamentos morales de la sociedad misma y debilita las bases que posibilitan el crecimiento económico, provocando el desmoronamiento institucional y la miseria material. Las dos son criticables y las dos han de ser combatidas, pero así cómo la corrupción de derechas es inherente a la naturaleza “caída” del ser humano, a sus debilidades y mezquindades; la corrupción de izquierdas requiere de la participación cómplice de amplios sectores de la población y conduce a la institucionalización de la corrupción, es la corrupción socializada. La primera se combate simplemente con el Código Penal y la segunda exige, además, fortaleza institucional.

 

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