[PUBLICADO EN HOYARAGON EL 3 DE FEBRERO DE 2019]
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Andan de nuevo atribulados nuestros concejales, los que quieren ir a las procesiones y los que se lo quieren prohibir.
Recogidos los belenes y con la Semana Santa aún por llegar, activistas de viejas causas aprovechan festividades, mayores y menores, para volver con la matraca laicista. La última ha sido en Zaragoza, que el martes festejaba a su patrón San Valero.
Allí parece que los concejales pueden ceder espacios públicos a exterroristaso para apoyar a la manada de Alsasua, pero ¡nada de procesionar! Eso va contra el laicismo y la multiculturalidad, eso desune y ofende a las minorías, nos dicen; lo otro no.
Pero como esas palabras forman parte del diccionario de lo políticamente correcto y del temario de educación para la ciudadanía, pues a callar y nada de procesiones, romerías, laudes o maitines; no vaya a ser que alguien se moleste.
Pero eso, ya sabemos, no es el tema.
Asistir a una celebración religiosa no significa participar de sus creencias, ni que la institución representada imponga una fe, ni tampoco impide asistir a otras fiestas, como la del cordero musulmana o el Rosh Hashaná judío.
Ir a la iglesia, por una boda o un funeral, puede tener significado religioso si VD es creyente pero, si no lo es, también su presencia tiene sentido. Celebrar la alegría de los que se casan o compartir el duelo de los que han sufrido una pérdida son grandes motivos, y el solo acompañamiento no implica un testimonio de fe.
Como en las fiestas religiosas patronales. En ellas, unos ciudadanos celebran de forma religiosa su fe, pero también lo hacen con motivo de un acontecimiento o personaje histórico que les une con un pasado común y les identifica como comunidad. La presencia del Ayuntamiento sencillamente significa que comparte una fiesta y su sentimiento de comunidad y de apego a su cultura ….
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Agustín García Inda es Licenciado en Derecho y Doctor en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Ingresó por oposición, en 1993, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza
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