Lejos quedaron los tiempos en los que los paisanos cerraban sus tratos y acuerdos comerciales con un simple apretón de manos, entonces la palabra dada iba a misa. Tampoco vale ya formalizar los contratos por escrito, ni tan siquiera recurrir a un fedatario público, a un notario. Ya da igual que adoptes todas las precauciones y recurras a asesoramiento experto, hoy día tu palabra sólo vale mientras un juez no diga lo contrario.
Hoy la palabra dada no vale nada, pero ni tan siquiera vale tu firma estampada en un contrato, ni aunque aparezca refrendada por un notario que avale que eres mayor de edad y que estás en plenas facultades mentales. Tu palabra, los acuerdos libremente adoptados quedan supeditados a una eventual revocación por parte de un juez en un pleito en el que tú ni siquiera estás demandado. Así, una sentencia en un pleito lejano, del que tú no eres parte, puede anular el contrato que has firmado. Ni tan siquiera hay que entrar a valorar si en el momento de la firma del contrato hubo algún vicio en el consentimiento, no es preciso analizar las circunstancias concretas, si fuiste engañado o intimidado. De esta forma, todo el acervo de conocimientos y experiencia jurídica de miles de años que procede del derecho romano es borrado. Nos saltamos a la torera el Código Civil y todo lo previsto en sus artículos 1.262 y siguientes (que son precisamente los que regulan el consentimiento como requisito esencial para la validez de los contratos) es papel mojado.
Dicen que lo hacen por nuestro bien, para protegernos de los bancos malos. Lo que no dicen es que con dichas sentencias y las reformas legales por las que asignan quién ha de asumir el IBI, los gastos notariales o los documentales, están estableciendo cláusulas obligatorias (para las dos partes) y, por lo tanto, limitando nuestra capacidad de negociación.
Hoy, estamos en manos de unos jueces desaprensivos que han dejado de creer en el Derecho para ponerse al servicio de la ideología, quienes usan las sentencias para hacer política económica redistributiva. Jueces que en vez de toga, creen vestir capa y antifaz y que juegan a hacer de superhéroe social pero que destruyen a su paso todo atisbo de seguridad jurídica e invaden las atribuciones del poder legislativo, cayendo en el populismo fiscal contra la banca.
Hoy muchos critican la marcha atrás del Tribunal Supremo en su famosa sentencia de finales del año pasado sobre el asunto de Actos Jurídicos Documentados, pero pocos critican los disparates jurídicos previos de anular indiscriminadamente las cláusulas suelo, la compra de preferentes o los pactos contractuales sobre el responsable al pago de los gastos del IBI y los notariales; y tampoco critican la propia sentencia del Tribunal Supremo revocada sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sentencia que jamás debió ser dictada. El Tribunal Supremo fue incongruente consigo mismo al contradecirse en esta sentencia con los pronunciamientos previos sobre los gastos derivados de las compraventas de inmuebles, pero a estas alturas ya poco importa, el daño a la seguridad jurídica y a la libre voluntad de las partes ya estaba hecho. Y es que, cuando se juega a hacer justicia social se juega con la justicia, se toma la justicia como un juego y deja de hacerse justicia para acabar haciendo política. Y es que el problema de la separación de poderes es de doble dirección: la injerencia del legislativo en los nombramientos de los jueces y el de los jueces que se saltan a la torera las leyes promulgadas por el legislativo.
JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.
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