Declárese culpable

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Roberto Hernández Granda

Periodista.

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Debieron haber saltado algunas alarmas cuando apareció una inquietante figura autodefinida como “musicóloga de género”, cuyo cometido es analizar y señalar qué canciones son consideradas machistas o sexistas, con el consiguiente, por supuesto, oprobio (sin castigo o mácula pública no hay rehabilitación). De eso a la elaboración de listas negras (o moradas) con libros, películas y discos a repudiar, sólo hay un paso, y no bajo criterios de interés cultural, sino al servicio de la ideología de género.
El asunto se vuelve más peliagudo cuando esta ideología empieza a inmiscuirse en cuestiones de legalidad, estando en juego algo más que un tema musical defenestrado de las verbenas del verano. Porque en el fondo de la condición humana, por mucho que creamos que hemos avanzado en materias como justicia o Estado de derecho, sigue latiendo esa parte irracional y salvaje que, si tiene le oportunidad, se salta todos los trámites legales y democráticos y acomete movida por sus propios instintos, la que siente la llamada de la turba, la que se adscribe fácilmente a la masa enfurecida dispuesta a escarmentar a quien se haya salido del camino. Nuevos tiempos, idénticas actuaciones.
Lo hemos visto con las demandas que exigían la retirada de la estatua de Woody Allen en Oviedo, debido a las acusaciones, orquestadas por su ex mujer, de una hija adoptiva, sobre unos supuestos abusos sexuales.
Ese caso no fue tramitado por ningún tribunal, y tras ser analizado por varios expertos ya en el año 93 (no se andan con tonterías en esos asuntos en los Estados Unidos) no tuvo mayor recorrido. Es decir, no es que exista ya una ausencia de condena, es que el director neoyorquino no fue siquiera procesado, ni está imputado por delito alguno.

Estas menudencias, como después comprobamos, importan poco para los amantes de lo irracional. El asunto siguió haciendo ruido, y la prensa contemplaba la noticia en sus páginas, dándole seriedad a la petición y recogiendo las declaraciones de diversas asociaciones, que, sin ningún tipo de rubor, calificaban a Allen de “monstruo” y “pederasta”. Una portavoz(a) de la Plataforma Feministas de Asturias, mujer madura de pelo rosa, afirmó en unas esperpénticas declaraciones en este periódico, no sólo desconocer el sistema legal estadounidense ni la relación que le une con su actual esposa, sino además, no haber visto una sola película de Woody Allen. No era esperable otra cosa.
Resulta llamativo (o no tanto, teniendo en cuenta que suelen llevar la hipocresía por bandera) que los mismos colectivos que reclaman un derecho fundamental como la igualdad, niegan sistemáticamente a su vez otro como es la presunción de inocencia. Finalmente, después de llevar el asunto al Consejo de Igualdad municipal, la retirada de la estatua fue descartada, de momento.
Tremendos tiempos estos donde para ser culpable no es necesario que lo diga un tribunal, basta con que así lo crea una parte de la opinión pública; aunque, como en este caso, sea la más desquiciada, mezquina y subvencionada.

Hubo cierto revuelo por una columna del a menudo interesante y certero Javier Marías, que parece tener una habilidad especial para despertar a los colectivos de desaforados indignados, en la que pedía algo tan descabellado como evitar los ajustes de cuentas, las venganzas y las calumnias, y alertaba ante la posible desaparición del derecho a la presunción de inocencia. Estos detalles de su texto despertaron la furia de las huestes, especialmente en red, que es donde se mueve, con su habitual virulencia, la jauría humana contemporánea. Masas ágrafas con nula comprensión lector y capacidad expresiva que lo entienden todo al revés.
Lo que Marías denunciaba en su artículo, es que si se amparan los juicios populares con veredicto perentorio sin siquiera haber pasado la primera criba legal, el sistema judicial como tal se desprende de su valor, y cualquiera podría ser linchado mediáticamente y condenado al ostracismo con agravios por una acusación particular, tenga o no fundamento. Usted mismo mañana puede ser acusado por alguien que le profese un desencanto especial, y aunque las autoridades digan que no ha lugar, verá hundida su carrera profesional y su vida personal, y ser señalado para los restos, sin la necesidad de que se presente una sola prueba en su contra.
Vienen tiempos oscuros para la razón.