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Discriminación laboral

Discriminación laboral
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Javier Jové

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JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.
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España gasta alrededor de 3.500 millones de euros incentivos a la contratación. Unos 1.500 millones de euros con cargo a la Seguridad Social -a través de reducciones en las cotizaciones- y algo más de 1.900 con cargo a los impuestos por la vía de las bonificaciones. Estos incentivos a la contratación benefician a unos colectivos definidos arbitrariamente por el Gobierno en perjuicio de las personas no incluidas en ninguno de ellos, quienes se ven discriminados en el acceso al mercado laboral por razones de sexo, edad u otras circunstancias personales. No podemos olvidar que cualquier trato de favor hacia un determinado colectivo, necesariamente implica un trato de “desfavor”, de discriminación, hacia el resto de personas en disposición de optar al mismo empleo y que el concepto “discriminación positiva” es un oxímoron, una contradicción en sí misma.

Por este mecanismo hay candidatos que ven mejoradas sus opciones laborales no en base a su valía o experiencia, sino atendiendo a arbitrarios criterios. De esta manera, crean parados buenos y parados malos, como si unas personas tuvieran más derecho que otras a acceder a un puesto de trabajo, como si hubiera personas socialmente más dignas de acceder a un empleo ¿Tiene más derecho una mujer a obtener un empleo que un hombre? ¿Tengo alguien la culpa de tener entre 25 y 45 años de edad? ¿Por qué un menor de 25 o mayor de 45 años ha de tener más derecho a encontrar un empleo que uno de 35? ¿Qué derecho tienen los políticos a limitar tus opciones laborales en función del sexo o de la edad? ¿Acaso son ellos conocedores de mis circunstancias personales, de mis anhelos, de mi esfuerzo? ¿Por qué –por poner un ejemplo- un joven de 24 años y sin cargas familiares ha de verse favorecido por el Gobierno frente a una persona de 35, padre de familia y con una hipoteca a cuestas?

El artículo 14 de la Constitución Española establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Y el 35 dice que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (…) sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Sin embargo, el gobierno discrimina a los trabajadores, no ya sólo en función de su sexo, sino también de su edad y multitud de otras circunstancias personales; concediendo ventajas a la contratación que condicionan a los empresarios en sus procesos de selección.

Sería mucho más útil socialmente y moralmente irreprochable que esos 3.500 millones de euros, en vez de destinarse a favorecer a unos trabajadores en perjuicio de otros, se aplicaran directamente a una reducción lineal y para todos de las cotizaciones a la Seguridad Social, sin distingos de raza, edad y demás condicionantes arbitrariamente establecidos por el Gobierno. Porque todos tenemos derecho al trabajo, pero ninguno tiene más derecho que los demás.

 

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