Nuestro gobierno, el de acá, al que le encomendamos que vele por el bien común en Aragón, lo ha acordado; ya son 219 los trabajadores a los que exime de trabajar para que puedan encargarse, en cuerpo y alma, a la noble tarea de defender los derechos de los trabajadores públicos de nuestra autonomía.
Y, como ello no es suficiente, también hay una bolsa de horas que equivale a 25 liberados más, para ir tirando de ella cuando aquellos 219 resulten ser pocos.
¿Están tan explotados nuestros empleados públicos para necesitar tantos defensores full time? Ya sabemos que no, que eso no es lo que pasa, que en pocos sitios se está más calentito que en las Administraciones (comparen convenios y pactos colectivos antes de rebatirme, por favor).
Lo que ocurre es que en esto, como en tantas otras cosas se da lo que R.K. Merton llamaba el efecto Mateo (por Mt 13:12). Según este efecto, explicaba el sociólogo americano, se produce una mayor acumulación de bienes o derechos en quien ya los tiene y su menor disposición por quien carece de ellos. En otras palabras, el efecto Mateo es aquel por el que el rico se enriquece y el pobre se empobrece.
Y eso pasa en bienes o en derechos, incluidos los sindicales. Allí donde más subvenciones, horas y garantías sindicales se tienen (en ayuntamientos o administraciones autonómicas) es dónde más siguen aumentando.
Y parece difícil que esto cambie. Políticos que dan para no ser molestados y sindicatos que reciben para no molestar, parecen aliarse. Subvenciones y pesebres a cambio de apoyo político y paz en la calle. Aquí paz para el sindicato y allá gloria (para el partido).
Y, si hace falta, hasta se comparte pancarta con los indepes que, como ya sabemos, son los que manejan las subvenciones no muy lejos.
Y todo, no se olviden, gracias a su colaboración, sí, a la suya de Usted, a la del contribuyente, pues, solo en Aragón, aquellos dispensados y horas sindicales vienen a costar 7 millones de euros.
¡Disfruten de lo votado!
Artículo publicado en HoyAragón el 19 de diciembre de 2019.
Agustín García Inda es Licenciado en Derecho y Doctor en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Ingresó por oposición, en 1993, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza
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