Tenemos un sector económico con un potencial importante y que durante siglos ha sido una seña de identidad de nuestro país. Me refiero a la minería que puede significar, dadas las peculiaridades inmemoriales de nuestro suelo, una importante fuente de empleo cualificado y no cualificado, impuestos, exportaciones, y relevancia inversora de nuestro país. Los recientes movimientos del fondo inversor de Abu Dabi (Mubadala) , Berkeley y otros más en marcha, así lo atestiguan. Lo últimos datos disponibles hablar de una producción global de 3000 m de Euros y 29 000 empleos directos
Toda España produce, en particular Andalucía, Cataluña y Castilla León que concentran hoy el 50% del total. Hay zonas de España, sobre todo el interior, y la zona Oeste, desde Andalucía hasta Asturias que cuenta con un importante potencial en minerales que no se producen en más lugares de Europa y la EU considera estratégico tener fuentes propias de suministro. Somos productores de Uranio relevantes y la sede de la segunda empresa europea de combustible nuclear tras la francesa Areva: Enusa, y podríamos set más fuertes en este material, wolframio, plomo, plata, oro, zinc, tierras raras, incluso petróleo, tanto de yacimiento tradicionales como esquitos, etc. Adicionalmente conglomerados industriales con experiencia en este campo y con problemas, tras el cierre de minas en España, como Duro Felguera, podrían encontrar una tabla de salvación.
Las Ley de Minas española es obsoleta, muy reglamentista, lleva de permisos y autorizaciones y cuestiona seriamente la propiedad del terreno, por cuanto el subsuelo e incluso el vuelo no es propiedad del dueño del terreno sino del Estado, además de dejar el grueso de la gestión en la CCAA respectiva, cada una con criterios técnicos y políticos dispares. Cuando intento modificar el Gobierno del PP en la etapa de Soria esta Ley, se le echaron encima las comunidades autónomas, partidos y ecologistas y tuvo que retirarla. En vez de buscar la libertad de empresa, como en cualquier otro sector económico, y el cumplimiento de una normativa ambiental clara (Autorización ambiental), que implique el cierre o sanción cuando se viole, se crean incertidumbre por cuanto los gestores no saben a qué atenerse en cada momento.
Qué duda cabe que tiene unas consecuencias ambientales negativas, pero el hecho que se desarrolle con éxito en países con alto nivel de exigencia como es el caso de Canadá , USA o Australia nos debe hacer ver que es factible la explotación de estos recursos y el cuidado y restauración posterior del entorno. También habría que controlar el coste de determinados insumos claves para hacer rentables proyectos de este tipo como la electricidad, impuestos, permisos, etc.
En España hoy, lamentablemente la minería se trata de un sector demonizado por unos sujetos no conocen ni remotamente la realidad industrial ni natural de la zona, pero que cuentan con buenas conexiones políticas y están profundamente ideologizados: los ecologistas. Si a eso añadimos la mala gestión del Gobierno, en proyectos como los de Tarragona y el Gas, los permisos para petróleo de esquistos paralizados y muchos otros proyectos en otros minerales, las roturas de presas en Andalucía en el pasado, o incluso fuera de España como sucedió en Brasil recientemente, se crea un caldo de cultivo en la opinión pública, fomentado por estos grupos y la izquierda, difícil de superar.
No es fácil atraer proyectos mineros de envergadura, hay muchos países compitiendo por ello pues es una inversión directa con mucho valor añadido. Si lanzamos un mensaje de rechazo y hostilidad ante los mismos, perderemos este tren, como hemos perdido otros.
A esto hay que añadir que el coste ambiental y humano es mínimo: se trata de zonas despobladas, donde la eventual contaminación se diluye entre miles de hectáreas, con una densidad de población similar a Siberia, y con un envejecimiento de la población alarmante, superior en muchos casos a 70 años de media. ¿Que futuro espera a estas comunidades, salvo que se instalen en ella estas empresas y traigan operarios, ingenieros, mecánicos, administrativos y sus familias?, además de los empleos indirectos que generen. Los ecologistas hacen su papel, pero todo tiene que tener un límite, un alimoche no puede tener paralizadas a 200 personas porque esté criando. ¿Quien pagará sus nominas?
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad complutense y Cunef.
Licenciado en Economia Internacional por la Universidad Complutense.
Trabajo como inspector y asesor de inversiones y director de los departamentos internacionales de ABN , Caja Duero y Cajas España, asi como consultor del Icex . Actualmente dirige la consultora Vector, especializada en información, comercio, financiación e inversiones internacionales.
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