Hace unos días se publicó el informe del Banco de España sobre el estado de la economía nacional correspondiente al segundo trimestre del año. Uno de los datos más llamativos del citado estudio es el incremento de los tipos hipotecarios en 30 puntos básicos. Y digo llamativos, pero no sorprendentes, porque este aumento en el coste de las hipotecas no es más que la consecuencia lógica y anunciada por el desbarajuste producido por los pronunciamientos judiciales en la materia en los últimos años y por la aprobación de la intervencionista nueva Ley de Crédito Hipotecario, promulgada el 15 de marzo y en vigor desde el pasado 14 de junio.
Ese aumento de 30 puntos básicos viene a suponer la friolera de 211 euros anuales para un crédito medio de 125.000 euros, lo que nos llevaría a tener que pagar 6.330 euros más en intereses para una hipoteca a 30 años.
La mencionada nueva ley limita la capacidad de las partes para llegar a acuerdos y les impone cláusulas obligatorias, de modo que son las entidades financieras quienes tienen que cargar con los costes de contratación de la hipoteca (notaría, registro, gestoría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), además se impide la vinculación del crédito a otros servicios (habitualmente seguros o planes de pensiones), se prohíben las cláusulas suelo y las comisiones por subrogación de hipoteca aunque el legislador, temeroso de la libre competencia entre entidades, fija una compensación en favor de la entidad que pierde el crédito y que ha de abonar el banco subrogante.
Algunos, en sus ilusas ensoñaciones, pensaban que todos estos costes de constitución de las hipotecas iban a ser asumidos por las entidades financieras sin más consecuencias, que iban a ser los malotes de los bancos quienes acabarían por salir perdiendo. Pero lo cierto es que todos, salvo aquellos incapaces de ver más allá de sus prejuicios ideológicos, ya sabíamos –y así lo anunciamos- que los bancos acabarían por repercutir estos costes a los clientes, a los consumidores.
Todas estas felices ocurrencias de socialistas e intervencionistas acaban siempre igual: cargan las culpas a los bancos, las multinacionales, las eléctricas y demás villanos del imaginario progre; calientan la cabeza al personal, prometen nuevas regulaciones y leyes para acabar con los “abusos y los excesos del mercado” y, al final, quienes acaban por pagar el pato son los de siempre: aquellos a quienes supuestamente pretenden proteger. Ha pasado con la nueva Ley de Crédito Hipotecario y pasará también con el impuesto a Netflix y HBO para sostener el agujero negro y ponzoñoso de RTVE, pasará con la “tasa Google”, con las normas de fijación de precios máximos al alquiler y con cualesquiera otras que traten de restringir la capacidad de las partes para llegar a acuerdos libremente adoptados. No son las leyes, ni mucho menos los excesos regulatorios, los que protegen al consumidor, sino la existencia de un verdadero mercado abierto y competitivo y un sistema judicial ágil que permita la rápida resolución de las diferencias entre las partes. No hay mejor ley que la que las partes se dan a sí mismas en forma de contrato.
JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.
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