En el primer semestre del año, las exportaciones totales tuvieron el peor comportamiento en siete años, con un incremento de apenas 0,2% interanual. Las exportaciones de mercancías cayeron 1,1%, cosa que no pasaba desde 2012.

No cabe culpar al debilitamiento de la economía mundial. Tomando los datos de 29 países europeos se ve que en el primer trimestre solo cayeron las exportaciones totales de España y Chipre. Ocho de esos países tuvieron incrementos robustos, de al menos 6%.

Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que España está volviendo a tener problemas de competitividad, derivado a su vez de la ausencia de reformas. No es algo que aparezca de la noche a la mañana: la productividad laboral (PIB por persona ocupada) ha caído en cada uno de los últimos cinco trimestres. La misma es ahora igual que hace tres años.

España tiene la cuarta mayor deuda exterior de la UE (solo detrás de Chipre, Grecia y Portugal), por lo que es necesario generar superávits exteriores. Hay que encarar este problema antes de que sea tarde: la economía corrige sus desequilibrios “por las buenas” (reformas que mejoren la eficiencia y asignación de recursos) o “por las malas” (con una crisis con alto desempleo). La crisis que comenzó en 2007 y de la que España aún no acabó de recuperarse, es un ejemplo perfecto de recuperación de la competitividad “por las malas”.

La competitividad de la economía no es algo que se restrinja al sector exportador. Si bien puede haber algún sector que “tire del carro”, lo ideal es tender a una economía globalmente competitiva. Así, la adaptación de sectores y empresas a los cambios en el contexto puede hacerse minimizando los costes en términos de actividad económica y empleo.

En teoría, todo programa de reforma económica puede encararse de forma gradual o de un solo golpe. En la práctica, el único camino viable es el gradual. Aunque los resultados tarden más en llegar, la vía paulatina facilita el logro de consensos, da un mayor margen de adaptación a las minorías inicialmente perjudicadas y da previsibilidad a la política económica. Aunque un programa de reformas se desarrolle a lo largo de varios años, basta un anuncio integral y creíble para generar un aumento de la confianza entre inversores y empresarios.

La generación de confianza es esencial. A fin de cuentas, toda mejora de competitividad es resultado de una inversión previa, sea en equipos, en procesos, en capacitación, etc. A su vez, para concretarse, toda inversión debe cumplir un requisito: debe tener una expectativa de rentabilidad positiva.

Entonces, simplificando, un programa de reformas para mejorar la competitividad de la economía debe fomentar la inversión rentable, tanto mediante la rebaja de costes, como de la reducción de riesgos (costes potenciales) y la supresión de obstáculos regulatorios.

Un programa completo de reforma económica excede con mucho el espacio de este artículo. Sí es posible enunciar algunas líneas maestras, para tener una idea de por dónde deberían “ir los tiros”. Es lo que haré a continuación, dando dos ejemplos en cada caso.

Rebaja de costes

• Reducción del Impuesto sobre Sociedades a razón de uno o dos puntos por año. En 19 países de la UE, este impuesto es menor que en España. El objetivo mínimo sería igualarlo a la media de la UE (21%); el máximo sería bajarlo al nivel de los países donde es más bajo (Hungría, 9%; Bulgaria, 10%).
• Reducción de cotizaciones sociales. En 21 países de la UE, las cotizaciones a cargo del empleador son más bajas que en España. Dinamarca es el caso extremo, pues las ha suprimido. La media de la UE es 21%. La pérdida de recaudación debería compensarse suprimiendo exenciones y/o tipos reducidos en IVA (como hizo Dinamarca). Para lograr un impacto mayor en empleo juvenil y/o de baja cualificación, podrían dejarse libres de cotización, de manera permanente, por ejemplo, los primeros 300 euros de salario.

Reducción de riesgos

• Sistema previsional. Retornar a la fórmula de actualización anterior, al menos hasta que el sistema esté en equilibrio financiero. Aplicación del factor de sostenibilidad según lo previsto. Cálculo de la pensión inicial sobre la base de toda la vida laboral del trabajador.
• Reducción de la deuda pública. Venta de las participaciones estatales en empresas cotizadas y no cotizadas; aplicación total de esos ingresos a la amortización de deuda pública más onerosa (por las obligaciones se paga un tipo medio mayor al 3%).

Obstáculos regulatorios

• Supresión de las regulaciones que desalientan el crecimiento del tamaño de las empresas, tales como el tipo reducido para PYMEs del Impuesto sobre Sociedades, requisitos de representación sindical, etc.
• Aumento de la competencia en servicios profesionales, mayor flexibilidad en los requisitos de colegiación y en horarios de apertura comercial, reducir las restricciones a la economía colaborativa.

Diego Barceló Larran

Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).