El ingreso mínimo vital ni es de duración determinada, ni establece condiciones al perceptor para salir de su precariedad. Apenas prevé en su articulado que se esté inscrito en la oficina de empleo y se participe en vagas estrategias de inclusión, que no es descabellado sospechar en qué se van a traducir en la práctica.
Hablamos, por tanto, de una retribución vitalicia sin contraprestación, lo que no solo compromete su justificación en términos éticos, políticos y presupuestarios, sino que desafía lo implantado en los modelos europeos más próximos, que sí insisten en dicho crucial elemento.
La autoestima de los beneficiarios podría fortalecerse si al menos se orientasen estas ayudas a su empleabilidad o a su formación para tratar de sortear por sus medios la vulnerabilidad. Dar el pez en lugar de la caña, contradiciendo el legendario proverbio oriental, nunca ha sido lo mejor, precisamente por la conveniencia de revertir esas adversas dinámicas y traducirlas en oportunidades consolidadas de futuro. Añádase que existen no pocos servicios a la comunidad que podrían enriquecerse con el concurso de estas personas, sin tener que desplazar a quienes se dedican a ello por contratos administrativos o puestos funcionariales. La relación de necesidades indispensables y organizaciones que podrían contar con estas contribuciones es grande, al igual que los ámbitos en que debieran prepararse para propiciar el avance de los distintos sectores económicos de la nación.
Además, en el contexto comunitario estos subsidios ni suelen ser ser intemporales ni dejan de incentivar la propia ocupabilidad de sus destinatarios. Desde 2009, la renta de solidaridad en Francia está dirigida a estimular ese retorno al trabajo, permitiendo compatibilizarla con el salario que se obtenga al iniciar, retomar o incrementar una actividad remunerada. El ingreso de integración belga, a su vez, facilita que gentes sin posibles se incorporen a la sociedad siempre que estén dispuestas a producir y cuenten con facultades para ello, debiéndose incluso firmar un contrato individual por el que colaboren en la búsqueda activa de recursos que pongan fin a la asistencia pública. En la tan radical e izquierdista Italia, su renta de ciudadanía prevé también la pérdida del derecho cuando no se efectúe una declaración de inmediata disponibilidad de empleo, no se suscriba un similar pacto para la inclusión, o deje de intervenirse en iniciativas de reciclaje profesional, rechazando ofertas de ocupación. Por su parte, la renta mínima de subsistencia alemana pasa igualmente por imponer responsabilidades a aquellos capaces de mantenerse por sí solos, basada en ese mismo acuerdo suscrito entre los interesados y la Administración. Los solicitantes, allí, se comprometen a encontrar con diligencia un oficio y estar disponibles para tomar parte en las medidas de reactivación que ofrezca la autoridad laboral. En los Países bajos, en fin, su renta social universal tiene como objetivo alcanzar una rápida reinserción en el mercado laboral del beneficiario de la prestación.
Que todo esto no se haya previsto en la paga española apunta a que aquí hemos debido estar más pendientes del cálculo electoral que de otra cosa, como se ha podido apreciar con ocasión de su aprobación en las Cortes sin ningún voto en contra. No ligar estos auxilios a la pronta y efectiva recuperación para la economía de cientos de miles de afectados por las dificultades convierte a estos remedios en perpetuas sinecuras, por más que nadie se oponga a ellas por inexplicables motivaciones, en especial en ciertas opciones ideológicas.
Desde luego, trasladar al ciudadano la idea de que puede depender del erario de por vida sin nada a cambio resulta demoledor para cualquier país moderno.
Desincentiva salir adelante, es injusta e insostenible, aparte de producir un notorio efecto llamada y generar una manifiesta red clientelar que acaba con las democracias, como se habrá de comprobar si no se corrigen antes estas insensateces genuinamente populistas abrazadas con alborozo por quienes se decían enemigos de ese mal de nuestro tiempo.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia del derecho administrativo en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Es también el presidente de la Comisión de Español Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en NY.
Deja una respuesta