Ha llegado la hora de darle un giro a la famosa frase the economy. stupid de James Carville (asesor de Bill Clinton, campaña de 1992) para poner de relieve la cantidad de cortinas de humo y circunloquios que vemos en el actual caso de la Hepatitis C, en concreto sobre el fármaco Sovaldi (Sofosbuvir) de Gilead. Cada día vemos noticias que abren telediarios sobre los pacientes, el derecho a la sanidad, la industria farmacéutica, el Gobierno, la oposición, etc., etc No obstante, lo que en principio parecen declaraciones y hechos aislados son sólo consecuencia de un sistema totalmente intervenido donde este caso no es más que un ejemplo de insostenibilidad y colapso, donde los únicos perdedores serán los pacientes que está siendo utilizados por los otros jugadores del tablero.
En primer lugar, el virus de la Hepatitis C (VHC) con sus 6 variantes (genotipos) se detecta mediante analítica de sangre. Según el genotipo y el momento en el que el paciente se encuentre del curso de la enfermedad, se combinan diferentes tratamientos, comúnmente interferón y antivirales. Antes de iniciar el tratamiento hay que realizar un examen muy minucioso, a fin de determinar la terapia más adecuada para cada caso. El objetivo es reducir el daño hepático y la probabilidad de sufrir cirrosis y cáncer. En todo el mundo, según la OMS, hay entre 130 y 150 millones de personas infectadas de las cuales entre 300.000 y 500.000 mueren anualmente por enfermedades hepáticas relacionadas. No existe vacuna. Entre un 55-85% de los infectados desarrollarán una infección crónica y, de éstos, el 15-30% correrán riesgo de cirrosis en un plazo de 20 años. Así que, el buscar y obtener un tratamiento mejor es, lógicamente, lo que esperan los afectados.
Pero, ahora bien, resulta difícil encontrar un campo con una regulación tan extensa, a todos los niveles, como la del sector farmacéutico. Conviene reconocer que la dinámica del sector tiene unos costes fijos elevadísimos, unos sunk costs altos y mucho riesgo en las fases de I+D (en las fases clínicas la tasa de éxito no llega ni al 20% y, si miramos antes, en las pre-clínicas es muchísimo menor). Aunque una vez lanzados los productos el coste marginal de producción es bajísimo, de nuevo, los costes de promoción y marketing entran en juego. Y a esta dinámica del sector le hemos de añadir miles y miles de requisitos regulatorios requeridos por las agencias (FDA, EMA ) de los países que cada año piden más, subiendo los costes exponencialmente. Adicionalmente, le hemos de añadir costes legales, costes de protección de patentes, litigios y, cuando está todo listo, unos meses o años más para que los distintos países lo aprueben finalmente. Si a esto le sumamos una ley de patentes que encarece retroalimentando los costes de la I+D, obtenemos unos costes altísimos que cualquier empresa deberá, como mínimo, recuperar y a esto sumarle unos retornos financieros que compensen a aquellos accionistas que arriesgaron su dinero aquí y no en el mercado de telecomunicaciones o bancario, por poner dos meros ejemplos.
Recientemente, he escuchado que Gilead no investigó nada y por eso no tiene derecho a decir que tiene que cubrir costes. Claro, solamente pagó 11.000 millones de euros por la compra de la molécula. Simplemente, recalco que es el procedimiento habitual del big pharma ya que la I+D suele externalizarse o bien, dejar a otras empresas especializadas que realicen las primeras fases y luego vendan estos logros. En fin.
Pues bien, cuando todo está listo, habiendo gastado ingentes cantidades de dinero y todos los reguladores han aprobado el fármaco, empieza uno de los puntos más geniales del sistema que es que, quien te ha de comprar el producto, es el mismo que pone el precio ¿Genial, no?. Y entonces es cuando lo liamos todo, ya que ¿qué precio le ponemos?¿cómo lo valoramos? ¿cómo valoramos algo que puede llegar a salvar 100.000 personas?¿y si sólo salva a 10.000?¿y si sólo es a 1 más? Y aquí es donde la demagogia y el populismo se frotan las manos.
Por un lado, la empresa farmacéutica va a maximizar sus beneficios, y esto no significa que el precio es el más alto, sino aquél donde VOLUMEN x MARGEN BRUTO sea máximo. Esto explica también los diferenciales de precio por país o distintos acuerdos, de hecho, es gracias a que los países ricos tienen altos precios, que se vende en los países pobres y no al revés, como podemos oír en algunos comentarios recientes. El pedir que nuestros precios sean los de países emergentes es lo que llamamos el free rider effect que, al final, no beneficiaría a nadie.
El Gobierno tiene sistemas de evaluación y fijación de precios. Empleando criterios fármaco-económicos, mirando población afectada, tratamientos opcionales, productos sustitutos, ahorro a medio y largo plazo, estima cuál debería ser el precio. El problema es que la demanda de este tipo de tratamientos es bastante inelástica y, si lo paga otro, extremadamente rígida.
Y he aquí a lo que me refiero con que lo que falla es el Sistema: que tengamos un sistema público e insostenible, un sistema donde unos políticos deciden dónde invertir, qué fármacos son los necesarios, a qué precio y cuándo. Debemos recordar que nuestro Sistema Nacional de Salud, aunque parece que no cuesta dinero, NO es gratis. NADA ES GRATIS. Y las consecuencias son las siguientes:
Primero, como los recursos son limitados no sólo hemos de ver lo que nos cuesta el tratamiento sino el coste oportunidad. Es decir, lo que gastamos en el VHC no lo gastamos en otras enfermedades o en otras partidas presupuestarias (siempre nos pueden subir los impuestos, claro. Pero mejor no dar ideas). Y éste es el gran problema del sistema: que el dónde, cómo y cuánto gastamos ha pasado de ser decidido por los ciudadanos a ser decidido por los políticos y los grupos de presión. Unos políticos que, en nombre de un derecho a la Sanidad intocable y con razonamientos del estilo el dinero público no es de nadie, no sólo recaudan sin mesura, como ocurrió con el céntimo sanitario, sino que entran en una espiral de promesas inalcanzables y muchas veces irrealizables que, al no poder frenar, resultan en más y más impuestos.
Los grupos de presión, a su vez, son los destinatarios del dinero extraído directa o indirectamente al resto de ciudadanos En este caso, incluso llegando al extremo de poner una querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato por haber «dejado morir» a unos 4.000 pacientes en el último año, al restringir el acceso a los fármacos de última generación. ¿Se dan cuenta de lo que implicaría eso, si se extrapola a cualquier otra enfermedad? ¿Se acuerdan de las contradicciones cuando había que comprar Tamiflu (gripe) para todos y luego, estos mismos criticaban haber tirado el dinero?¿Compramos y nos equipamos al 100% para el Ébola y luego criticamos el coste de traer a un misionero a España?
Y si además se aproximan elecciones, pues vemos lo que pasa:
El PSOE, diciendo que donde ellos gobiernan, que no falte de nada. Piden garantizar el nuevo fármaco e incluso presenta dos recursos contra el sistema de prescripción.
Podemos, con la lección aprendida, insta a Gobierna a no dejar que mueran los pacientes. Se sacan una foto con ellos prometiendo de todo e incluso, para que no falte la ración de ataque a las empresas dice Gilead es muy mala y que si no, se saltan la ley de patentes y punto…Me suena a eso de: ¿Este qué edificio es?- Exprópiese!
UPyD, sumándose a las denuncias y pidiendo un genérico.
Así que con un Sistema que incentiva un comportamiento del Gobierno de promesas a todo y grupos de presión políticos o de pacientes que exigen al Gobierno acceso ilimitado y pagar el 100%, al final, el Gobierno del PP :
Rajoy garantiza que ningún enfermo de hepatitis C «se va a quedar sin medicamentos»
Así que, en breve, cuando Gilead saque el nuevo medicamento para Hepatitis C mejorado, llamado Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) ¿A que no saben cómo va a negociar?
¿Y a que no sabe quién lo va a pagar?
(*) Este artículo no es un ataque a los pacientes quienes, por el contrario, luchan por su causa. Sino a un Sistema que no les permite elegir nada, un sistema que, como vemos, limita su capacidad de elegir si quieren o no seguir un tratamiento. Un sistema que está atrapado en su fallo de origen y en una espiral de gasto a costa de los ciudadanos.
RUBÉN LUPIÁÑEZ (Barcelona, 1976)
Licenciado en Farmacia, Posgrado en Marketing Farmacéutico y MBA por la Kellogg School of Management, Northwestern University en USA. Su experiencia profesional se desarrolla en puestos de alta dirección ejecutiva en la industria farmacéutica, especialmente en el campo del Consumer Healthcare y OTC, habiendo ocupado puestos tanto a nivel nacional como internacional en Bruselas. Consultor en el sector farmacéutico. Docente en el CESIF del curso “Desarrollo de negocio y Licencias en la Industria Farmacéutica”. Miembro del consejo en el Instituto de Consumer Healthcare.
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