En España hay 1.199 diputados autonómicos, que suponen un gasto anual de casi 400 millones de euros. La representación de los ciudadanos en las instituciones es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. Más allá de los cuestionamientos que cada cual pueda tener sobre la utilidad de esa representación a nivel autonómico (cuestión agudizada durante el confinamiento, cuando los parlamentos autonómicos estuvieron cerrados sin apenas reducir el gasto que suponen), la cuestión que queremos analizar es si esa representación es “eficiente” desde un punto de vista económico. Analizando los datos, la impresión es que no.
Lo primero que llama la atención es la gran disparidad que hay en la relación entre el número de diputados y la población de cada autonomía. En Andalucía hay un diputado autonómico cada 76.900 personas. Le siguen Castilla-La Mancha (1 cada 61.400) y Cataluña (1 cada 56.300). En el otro extremo, en La Rioja hay un diputado autonómico cada 9.600 habitantes. Por detrás se colocan Navarra (1 cada 13.000) y Extremadura (1 cada 16.500). La media es de un diputado autonómico cada 38.800 personas.
¿Están subrepresentados los andaluces? ¿O hay demasiados diputados autonómicos en La Rioja, Navarra, Extremadura y otras regiones? Si tenemos en cuenta que en el Congreso hay un diputado nacional cada 133.000 habitantes, parece más razonable pensar que hay un exceso de diputados autonómicos, incluso en Andalucía.
También hay una amplia disparidad en el gasto por diputado. Dividendo el presupuesto de cada parlamento autonómico por el número de diputados que lo integran, encontramos que las autonomías donde más se gasta son Canarias (515.800 euros por diputado y año), Cataluña y Andalucía (443.900 y 431.300 euros, respectivamente, por diputado y año). En la otra punta aparecen La Rioja, con 156.900 euros, seguida por Extremadura (214.300 euros) y Cantabria (221.900 euros). La media es de 329.400 euros por diputado y año.
Suponiendo que todos los diputados autonómicos se esfuerzan del mismo modo en el ejercicio de sus tareas, ¿cómo es posible que los diputados riojanos puedan hacer su trabajo gastando un 70% menos que sus colegas canarios? ¿Cómo es posible que los diputados extremeños gasten un 52% menos que sus colegas catalanes, y los cántabros un 49% menos que los andaluces?
Una vez más, teniendo en cuenta que el gasto medio por cada diputado nacional es de 248.500 euros anuales, los datos sugieren que la mayoría de los parlamentos autonómicos podrían hacer el mismo trabajo con un gasto inferior. No es posible dar una respuesta única a la pregunta de cuánto dinero podría ahorrarse, porque hay distintas formas de estimarlo.
Por ejemplo, si todos los parlamentos autonómicos estuvieran integrados por 1 diputado cada 76.900 habitantes (como Andalucía) y mantuvieran su gasto por diputado actual, el ahorro sería de casi 180 millones de euros anuales.
Una alternativa es calcular cuánto podría ahorrarse si todos los parlamentos autonómicos mantuvieran su actual número de diputados, pero bajaran su gasto por representante al nivel de La Rioja, que es la más austera. En este caso, el ahorro ascendería a 188 millones de euros por año.
Una tercera posibilidad es imaginar cuál sería el ahorro si todos los parlamentos autonómicos tuvieran la misma relación que Andalucía entre diputados y población, y gastaran en la misma proporción que los diputados riojanos. En este caso, el ahorro ascendería a casi 300 millones de euros. En otras palabras, el gasto de los parlamentos autonómicos podría recortarse un 75%.
Aunque parezca algo radical, la verdad es que no lo es. Si los parlamentos autonómicos tuvieran una representación equivalente a la del Congreso de la Nación (1 diputado cada 133.000 habitantes) y gastaran lo mismo que cada diputado nacional (248.500 euros anuales), su gasto total anual bajaría de 395 a 89 millones de euros. Un recorte del 77% frente a una meta que no parece la más exigente.
Si dividimos este ahorro máximo por los 16,4 millones de personas que trabajan en el sector privado (los que, con sus impuestos, sostienen todo este “tinglao”; muchos de ellos ahora en ERTEs), son 18,6 euros anuales que cada contribuyente paga de más en impuestos por la ineficiencia de los parlamentos autonómicos. Alguno pensará que es poco.
El gasto de los parlamentos autonómicos no supera el 0,5% del presupuesto de cada comunidad. Si estamos hablando de ahorros significativos en una partida marginal de los presupuestos, ¿se imagina el lector cuánto está pagando de más en impuestos por culpa de la ineficiencia gubernamental?
Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados
@diebarcelo
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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