Pese a ser el único segmento de la población que no sufrió una caída de sus ingresos durante la crisis, los socialistas de todos los partidos han venido impulsando a los pensionistas a manifestarse exigiendo “pensiones dignas”. Aunque la actualización de las pensiones según el IPC hubiese significado un incremento de 0,1% en el trienio 2015-2017, frente al 0,8% que aumentaron en la realidad, se induce a los pensionistas a pensar que todo lo que no sea una actualización según los precios al consumo es una estafa.
Pese a que fueron los únicos que gozaron de estabilidad en su empleo a lo largo de la crisis, los sindicatos se empeñan en protestar por la “mala situación” de los funcionarios. No han caído en la cuenta de que aún hay 1,4 millones de trabajadores del sector privado que no recuperaron siquiera su empleo y que hay muchos (autónomos y asalariados) que están lejos de recuperar su nivel de ingresos de antes de la crisis.
Pese a que los servicios públicos de justicia, seguridad, defensa, salud y educación no dejaron de prestarse en ningún momento en un nivel razonable, tanto los sindicatos como los socialistas de todos los partidos insisten una y otra vez en revertir los “recortes” y llevar el gasto público a nuevos máximos.
Tengo claro que una cosa son los dirigentes políticos y sindicales (deberían conocer los datos y hacer propuestas responsables), y otra diferente es la gente común (aunque suele predominar el buen sentido, pueden ser inducidos a creer que se puede lo que no se puede, o que es fácil una solución que no lo es).
Mi duda es si tanto la dirigencia política y social, como los ciudadanos en general, han aprendido cuáles fueron las causas de la crisis. Más concretamente, si tienen claro que España sufrió dos crisis superpuestas: una internacional (en 2008-2009) y otra generada por la política temeraria de ZP y el PSOE (gastar mucho, luego gastar más y entre tanto no hacer reformas). Política temeraria que llevó a, bajo etiquetas como “nuevos derechos”, “social”, “equidad” y “progreso”, entre otras cosas, un déficit fiscal de 11% del PIB, la destrucción de millones de empleos, la desaparición de miles de empresas y el segundo desequilibrio exterior más grande del mundo. Política temeraria cuyas consecuencias aún sufrimos y sufriremos. Una de ellas, la enorme deuda pública, acumulada por la corrección gradual de aquel déficit, pese a los recortes de gastos y subidas de impuestos.
Cuando escucho a miembros del nuevo gobierno hablar de “garantizar la suficiencia de las pensiones”, prometer un presupuesto para 2019 con mayor “sensibilidad”, proponer la reversión de medidas necesarias para poner orden en las cuentas públicas (como el copago sanitario) o ganar competitividad y empleo (como la reforma laboral), o sugerir que hay cuestiones que, por “decencia”, pueden arreglarse sin tener en cuenta su repercusión económica (como la atención sanitaria plena a 800.000 personas en situación irregular), pienso que, al menos los dirigentes socialistas, no lo han aprendido. Más aún: parecen dispuestos a repetir sus errores. Si lo hacen, no hay razón para esperar que esta vez los resultados sean diferentes.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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