El pasado 1 de abril se hacía público por parte de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), con gran orgullo y alborozo, que el Juzgado Mercantil Nº1 de Granada había dictado dos sentencias en contra de Banco Mare Nostrum por considerar abusivas dos “claúsulas suelo” de dos hipotecas, que estaban estipuladas en 3,50% y 3,75% como tipo mínimo y 14% como tipo máximo. El matiz que diferencia esta sentencia de otras, es que dichas hipotecas estaban suscritas por una abogada y por una hija de un exdirector de sucursal de dicho banco. En ambas sentencias se indica que el grado de formación de los demandantes es irrelevante. Digieran.
El hecho de que esas sentencias se dieran implica que el desconocimiento voluntario de las condiciones en la firma de un contrato no es óbice para que la protección del Estado ampare la irresponsabilidad y la desidia extrema. Porque es evidente que si la hija de un director de sucursal no conoce todos los términos del acuerdo que sostiene con dicha entidad es, sencillamente, porque así lo desea.
De esta manera, en España se ampara que cualquier persona salga al mundo con su ignorancia no como lastre, sino como un respaldo legal. Una sentencia así supone un incentivo judicial a la irresponsabilidad, es un arma para que cualquiera pueda campar a sus anchas sabiéndose eximido de asumir cualquier consecuencia de sus actos.
El incentivo, además de perverso, es un ataque a la línea de flotación del sistema, ya que podrá ser utilizado por aquellos que vean en esta falla una cuota de beneficio. Y es así porque es la instauración del win-win. Se podrá, sencillamente, firmar cualquier tipo de contrato, sin siquiera leerlo, para que si las condiciones de dicho acuerdo nos benefician poder disfrutar tranquilamente de los resultados. Si por el contrario, dicho acuerdo resulta pernicioso, ya sabemos dónde están las enaguas de la Justicia para acudir alegando que no teníamos conocimientos suficientes.
La lección transmitida es sumamente peligrosa, ya que la Justicia deja de ser un poder coercitivo ya que su función punitiva y ejemplarizadora deja de existir. Porque las partes que han ganado el pleito, no han recibido ningún tipo de experiencia por mantener una actitud negligente. Esas personas, si se hubieran visto obligadas a pagar esos intereses, derivados de su voluntad de ignorar cláusulas y de acatar acuerdos sin vacilación, habrían recibido una valiosa enseñanza para en el día de mañana no actuar de una manera tan irresponsable, sirviendo además como ejemplo para el resto de la sociedad. Pero el hecho es que no hay enseñanza más allá de que adultos con capacidad y acceso al conocimiento específico requerido no tienen por qué responsabilizarse de sus actos.
Estas condenas, además, traen consigo una nueva demostración de inquina e irracionalidad. Porque muchos de los que celebran hoy que la Justicia cubra la irresponsabilidad de pequeños agentes, son los mismos que tiempo atrás clamaban porque el Estado había rescatado a las entidades bancarias, realizando un ejercicio de hipocresía digna de mención, pero que ejemplifica cómo se requiere por parte de muchos que la arbitrariedad de los criterios puntuales estatales dirima quién se salva y quién no.
Al final de todo, estas operaciones de salvamento estatales, tanto a bancos como a particulares, no dejan de ser el mismo modus operandi pero a distinta escala. En cualquier caso, el razonamiento y los incentivos son abominables. Porque también, en esa escala mayor, los bancos que en su día quebraron, no han recibido lección alguna más allá de que pueden realizar operaciones de riesgo, sabiendo que si éstas les llevan al desastre, el Estado proveerá.
Por último, y no menos importante, queda cómo aquellos que operan de manera responsable y cabal, ven como su esfuerzo no es recompensado. Porque igual que los sujetos de esta sentencia actuaron sin mayor mesura, existieron con total certeza aquellos que buscaron, leyeron, pagaron asesorías y se informaron hasta de la menor cláusula para realizar una inversión sujeta al menor riesgo posible. El premio recibido, años después, no es una situación ventajosa y legítimamente conseguida, sino que están en las mismas condiciones que los más irresponsables, por la injerencia de una Justicia que entendió hace demasiado tiempo que el principio de equidad consistía en igualarnos a todos y no en tratarnos a todos por igual.
Estudiante de Arquitectura. Granadino. Liberal pragmático con fe en España y Occidente.
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