Jaque al alquiler

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Javier Jové

JAVIER JOVÉ SANDOVAL (Valladolid, 1971) Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y PDG por la Universidad Oberta de Cataluña, desde el año 2.000 desarrolla su carrera profesional en el sector socio sanitario. Es Socio Fundador del Club de los Viernes y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias. Actualmente escribe en El Comercio y colabora habitualmente en Onda Cero Asturias y Gestiona Radio Asturias.

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Uno de los males de los malos políticos es querer solucionar los problemas a base de ocurrencias o ver problemas allí donde no los hay. En definitiva, creer que ellos –los políticos- tienen la barita mágica para solucionar los desajustes entre oferta y demanda, en vez  de dejar que las fuerzas del mercado se equilibren por sí solas. Esas soluciones milagrosas y simplistas, lejos de solucionar los problemas, tienden a agravarlos.

Viene esta disgresión a cuenta de la última ocurrencia de Pedro Sánchez, consistente en reformar de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar la libertad que tienen propietario e inquilino para establecer las condiciones del contrato. El gobierno socialista elevará la prórroga forzosa de 3 a 5 años y eliminará las fianzas adicionales. Es decir, las partes ya no podrán acordar libremente la duración mínima de los contratos, ni establecer garantías adicionales para el caso de impago. Lo que nos retrotrae a la legislación franquista de 1964.

La excusa de la reforma es tratar de frenar la escalada de los precios del alquiler dejando en manos del inquilino la posibilidad de alargarlos cinco años sin que el propietario pueda hacer nada por evitarlo. Así se impide que los precios se ajusten a la demanda y se anulan los estabilizadores automáticos del mercado.

Esta medida hará que los propietarios opten por dos alternativas: no esperar a ajustar los precios a la evolución de la demanda sino subirlos de inmediato en los nuevos contratos para protegerse ante el lustro de bloqueo. Y poner menos pisos en alquiler, lo que aumentará los precios en un mercado ya alcista por los obstáculos de los ayuntamientos podemitas de las grandes capitales españolas al desarrollo de nuevos planes urbanísticos. En definitiva, la acción legisladora del gobierno debilitará la posición del arrendador en la relación contractual y actuará sobre la oferta, que en buena lógica se contraerá, incrementando a su vez los precios.

Para compensar esta reducción en la oferta de pisos en alquiler, el gobierno prevé construir con dinero público 20.000 viviendas en un plazo de cuatro años. O sea, que el gobierno crea artificialmente escasez de pisos y para paliarla dispara el gasto público en la construcción de viviendas gubernamentales. Todo un disparate. Una cifra, la de las 20.000 viviendas, que por otro lado es ridícula, toda vez que sólo el portal el Idealista ofertó en 2017 más de 800.000 pisos en alquiler.

Prórrogas obligatorias, fijación de precios, penalizaciones al arrendador, viviendas gubernamentales … medidas todas que nos recuerdan las políticas de vivienda franquistas. Viendo estas ocurrencias, bien parece que la exhumación del cadáver de Franco no tiene otro propósito que el de sentarle en el Consejo de Ministros del gobierno socialista.