La perversidad del statu quo actual

La perversidad del statu quo actual
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Francisco Encinas Solis

Francisco Encinas Solis

Abogado ejerciente en Cádiz y hace años en Madrid. Harto de tantas memeces en la actualidad y de la corrección política. Harto del Estado de las subvenciones, paguitas y clientelismo político de todos los signos. Harto de políticos inútiles y harto de un sistema que ya no funciona, ni con unos ni con otros. Harto de que no se haga nada efectivo.
Francisco Encinas Solis

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La AEAT, la gran exprimidora nacional, amenaza a comerciantes, con el cuento de que el resto de su entorno factura y/o declara un porcentaje superior a ellos y que han de regularizar esa situación so pena de males mayores (inspección, multas, confiscación; las tropelías de siempre de la AEAT). La técnica del miedo: aterrorizar a la población para recaudar.

Y esto, ¿a qué se debe? Simple. Algunos de nuestros coetáneos gobernantes (entre otros, el inefable ZoPenco y Pedro Sánchez, el Inverecundo), regalando paguitas (comprar votos), subvenciones, etc., necesitan cada vez más dinero para sufragar estas campañas de adquisición de votantes. El dinero público, que todos sabemos, (gracias a una borderline del gobierno) no es de nadie, se regala a diestro y siniestro a cierto tipo de votantes para que desgracias humanas como las que nos asisten puedan seguir en el sitial del poder.

Si el dinero público no es de nadie (¡qué visión, qué erudición, qué mente la de aquella ministra!), no por ello ha de resultar ilimitado, o que crezca en árboles o arbustos, lo fabriquen las abejas o las hormigas, ni, menos aún, que caiga del cielo.

El dinero público proviene casi totalmente de los impuestos. Se nos exprime a algunos ciudadanos el zumo económico de nuestro trabajo para, entre otras cosas, sufragar a ciudadanos parásitos que no pagan casi impuestos, y que lo único que hacen es vivir de nosotros).

Cuando el dinero público no llega para sufragar los vicios de nuestros políticos, su insaciable apetito de gasto, el Estado, ese aparato que lo gasta, idea o cree nuevas vías de sacarnos más dinero a los contribuyentes, de exprimirnos más aún.

Una de esas vías, es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Es esta una parte de la Administración realmente curiosa. Curiosa porque tiene, en su decálogo, unos objetivos (muy loables) que, en la práctica, ni cumple ni tiene interés alguno por cumplir en ciertos casos.

Básicamente, la ITSS está para vigilar que todos (los que andamos por aquí trabajando) cumplan con sus deberes laborales y – en lo que aquí interesa- paguen lo que por ley vienen obligados a pagar como contribuciones al sistema mutual de protección social y para vigilar también que no se cometen fraudes en el pago o en las prestaciones y nadie se aproveche ilícitamente del sistema. ¿Ven?, los objetivos son absolutamente loables, irrefutables.

Pero la realidad es bien distinta. La ITSS (muy activa), básicamente sólo inspecciona, sanciona y persigue a aquellos que más o menos regularmente cumplen con la ley, las que yo digo que actúan por encima del radar. En cambio, todos aquellos que andan en la llamada economía sumergida, mientras sigan bien sumergidos, en general tienen poco que temer de la ITSS, a ellos no se les persigue, y lo voy a explicar.

Todos sabemos que en toda España hay bolsas, zonas o puntos de economía sumergida, donde la actividad económica es clandestina (sin permisos de apertura, ni industriales; no se pagan impuestos o tasas; no hay contratos ni, menos aún, cotizaciones a la Seguridad Social; en fin, todo ilegal, por debajo del radar, sin control más que cuando hay muertos y esto solo a posteriori). En estos Puntos se trabaja, se produce, se comercia, se trafica, se disfruta de prestaciones sin freno. Pagos y cobros en billetes, nada de bancos, facturas, recibos o contabilidad. No se declara ni actividad ni ingresos; el fraude impera, y la ITSS ni está ni se la espera. Y todos dicen, ¿por qué no actúan? Por dos razones: la primera y elemental, es que estas zonas o bolsas de economía sumergida son muy densas, muy localizadas. Suelen ser pueblos casi enteros, comarcas, determinadas actividades; hay muchas personas implicadas (pueblos, barrios o zonas en los que más de la mitad de sus habitantes/ocupantes están en el ajo) y una actividad inspectora podría tener efectos nefastos sobre el orden público. Piensen en pueblos o zonas donde más de la mitad de la gente vive de lo clandestino. Si la ITSS les quita lo que ellos consideran “su pan de la boca” no se van a quedar quietos. HABRÍA DESÓRDENES, LEVANTAMIENTOS. Por eso, al gobierno (quien, a la postre, manda en la ITSS), no le interesa remover el avispero y tener tumultos sociales, levantamientos o cuasi rebeliones, así que se dictan consignas precisas sobre no tocar estos puntos, no es bueno para los intereses políticos. Nadie quiere un Fuente Ovejuna moderno.

La otra razón es más pragmática: la ITSS no aparece por determinados negocios, zonas o polígonos porque allí no les quieren; si aparecen, son vistos como ladrones (al fin y al cabo, van a quitar el pan de la boca del personal) y, por ello, son agredidos, apalizados, amenazados y expulsados. Así, la ITSS NO TOCA DETERMINADAS ÁREAS, NO APARECE POR DETERMINADAS ZONAS DEL PAÍS, para conservar los Inspectores su integridad física (en algunos casos, -pocos-, también porque ponen el cazo y miran para otro lado) y porque el Gobierno NO QUIERE.

No es cuento o exageración, es una realidad en cientos de pueblos y barrios de España (sobre todo en Andalucía y Extremadura), en los que el fraude social es colectivo e insoportable; el fraude al desempleo es la tónica general en miles de familias; el disfrutar de pensiones, subvenciones ilícitamene,, es tan cotidiano como ver la tele. Es imposible no verlo. Es negotium populi, a la vista de todos. Los cálculos de la AEAT sobre la economía sumergida la cifran cercana a un 20% del PIB español. Calculen los impuestos no pagados de ese PIB.

Y ¿qué hace la ITSS? Pues lo más fácil y, sobre todo, seguro: perseguir, acosar, sancionar y exprimir a los comerciantes y trabajadores que sí suelen acatar, respetar y cumplir las leyes y, además, NO SON VIOLENTOS. Se despachan con regularidad sancionando, liquidando y recaudando cada vez más al honrado españolito para que los políticos de turno puedan subvencionar, comprar y mantener tranquilos a los españolitos (y no españolitos, que ahora ya hay muchos) que parasitan el país y les votan.

Y yo pregunto: ¿hasta cuándo vamos a aguantar este statu quo?

 

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