La decisión del rey emérito, Juan Carlos I, de salir de España, renovó las habituales críticas de un sector minoritario de la población, resaltando los “privilegios” de los monarcas y la (supuesta) injusticia que los mismos conllevan. Llama la atención la recurrencia del ataque pues vivimos entre marañas superpuestas de todo tipo de privilegios. La diferencia es que, pícaramente, estos privilegios cotidianos son llamados “derechos”.
Cientos de miles de funcionarios públicos disfrutan de condiciones laborales de privilegio en comparación con las del sector privado. Dentro de los trabajadores del sector privado, los liberados sindicales gozan de un status particular, claramente privilegiado. Los que tienen un contrato indefinido son percibidos como “privilegiados” por aquellos que encadenan un contrato temporal tras otro. A su vez, los prejubilados son mirados con recelo por quienes tienen un contrato indefinido. Ninguno de los grupos anteriores dudaría en considerar privilegiados a los miembros de la corporación política, donde se ha demostrado una y otra vez que la audacia y la falta de principios son mucho más redituables que cualquier máster o experiencia profesional.
Poner una farmacia no es una decisión libre, sino que debe ceñirse a los límites fijados por la norma. Quien quiere tener una farmacia y no puede, considera “privilegiados” a los farmacéuticos que tienen una. Conducir un taxi tampoco es una decisión libre, sino que es algo sujeto a una licencia. Una vez más, quienes no pueden acceder a la misma, llaman “privilegiados” a los que sí disponen de una. El ejercicio de cientos de actividades más también está sujeto a normas que crean sus respectivos grupos de “privilegiados”.
La normativa urbanística crea privilegios, permitiendo unas obras sí y otras no, revalorizando unos solares sí y otros no. Lo mismo hacen otras normas, que bloquean algunos grandes proyectos empresariales (como la explotación del gas que hay en el norte de España, mediante la técnica del fracking), pero consienten otros (como el malhadado proyecto Castor).
La actividad del sector público consiste, en parte, en crear grupos de privilegiados. Receptores de subvenciones frente a quienes las mismas le son denegadas; becados en proyectos de investigación versus otros cuyos proyectos se rechazan; licencias que son expedidas con celeridad frente a otras que demoran meses.
La misma existencia de las comunidades autónomas causa situaciones de privilegio. Por ejemplo, los asturianos son expoliados con la mayor presión tributaria y un Impuesto sobre Sucesiones que es de los más caros de Europa. Basta recorrer unas decenas de kilómetros en cualquier dirección para encontrar un trato fiscal más benigno. En el otro extremo, Madrid, donde felizmente sus contribuyentes no tienen que pagar el injusto impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, incluso en Madrid, si uno es sobrino de un millonario y hereda una gran empresa, también deberá pasar por caja por una norma que considera que es injusto pagar Sucesiones entre padres e hijos, pero es “equitativo” hacerlo entre tíos y sobrinos.
Las lenguas cooficiales crean privilegios: mientras que, para quien no las domine es impensable opositar en una región con lengua cooficial, quienes sí las conocen tienen mayores oportunidades de hacerlo. Las pruebas de acceso a la universidad tampoco son uniformes, haciendo a unos alumnos privilegiados frente a otros.
Todos estos “privilegios”, de los que hay muchísimos ejemplos más, son, paradójicamente, muy del gusto de los que señalan los “privilegios” reales. Mientras boicoteamos nuestras oportunidades de prosperar, aceptando como normales estos privilegios cotidianos, poner el foco en los “privilegios” del Rey es una extravagancia. Entiendo las prerrogativas de los monarcas como compensaciones parciales por llevar una vida que no eligieron, al servicio del bien común. Prerrogativas que, en el caso de España, además de útiles y necesarias, son muy baratas: el presupuesto de la Casa Real (menos de 8 millones de euros anuales desde 2013), equivale al 3,7% del gasto de las Cortes Generales y es apenas el 0,0015% del gasto total del conjunto de Administraciones Públicas.
Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados
@diebarcelo
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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