El salario medio en Madrid y el País Vasco supera los 1.900 euros mensuales, pero en Canarias es de 1.420 euros y en Extremadura aún menos. La remuneración promedio en la Industria también supera los 1.900 euros en toda España, aunque en los Servicios no alcanza a 1.600 euros. Si desglosamos los grandes sectores, encontramos remuneraciones medias de más de 3.000 euros mensuales en Energía y en Finanzas. En el otro extremo, el salario de la Hostelería es de poco más de 1.000 euros mensuales. En las empresas de hasta 49 asalariados, el salario promedio en todo el país es de 1.370 euros; en cambio, roza los 2.000 euros en las de 200 y más trabajadores.
Podemos hacer las intersecciones que queramos y encontraremos una disparidad aún mayor. Por ejemplo, “empresas grandes de Manufacturas en Murcia” o “empresas pequeñas de Comercio en Andalucía”. Lo que nos dicen los datos anteriores es que, cuando hablamos de salarios, nos estamos refiriendo a una constelación y no a un puñado de cifras homogéneas.
En ese contexto, ¿qué sentido tiene fijar un salario mínimo único para una economía tan diversa como la española? Desde el punto de vista de la economía, ninguno en absoluto.
Un salario mínimo de 900 euros equivale, por ejemplo, al 68% del salario medio extremeño, al 90% del de la Hostelería y al 66% de la remuneración promedio de las pequeñas empresas. Una proporción que condena a esa autonomía, ese sector y ese tipo de empresa a la subcontratación de personal (o a la contratación informal).
La fijación arbitraria e inmoderada del salario mínimo se ha convertido en un arma en poder de los políticos con la que agreden a la sociedad. Los trabajadores y parados se han convertido en rehenes de las ocurrencias de quienes negocian los presupuestos. El papel (lo que negocian los políticos), lo aguanta todo. Pero las finanzas de autónomos y empresas, no.
¿Cómo se puede proteger a los trabajadores de que una negociación entre políticos irresponsables acabe por negarles oportunidades laborales? No es necesario inventar nada nuevo. Podría adoptarse la solución de Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Suiza y Noruega, por nombrar casos de países más prósperos que España y con una tasa de paro muy inferior.
La solución es suprimir el salario mínimo único y reemplazarlo por muchos salarios mínimos. Tantos como acuerden libremente empresarios y trabajadores en convenios colectivos de empresas o sectores. Así quedaría garantizado que esos salarios mínimos se ajustaran a la realidad de cada empresa o sector, haciéndolos compatibles con el crecimiento del empleo y la actividad económica.
Procusto, un bandido de la mitología griega, tenía una cama en la que ofrecía descanso a los viajeros. Cuando el huésped dormía, Procusto ajustaba su tamaño al de la cama: si el huésped era más largo, cortaba el sobrante (manos, pies, etc.); si era más corto, lo descoyuntaba.
El salario mínimo es un “lecho” en manos de modernos “Procustos” en el que, por exceso o por defecto, los trabajadores siempre pierden. Ya es hora de que los políticos dejen de conspirar contra el empleo, aunque lo hagan en nombre de la “justicia social”. @diebarcelo
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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