El gobierno del Principado ha iniciado una ronda de contactos con todos los partidos con representación en la Junta General para sondear la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan aprobar los presupuestos para el año próximo. La principal carta negociadora del gobierno del señor Fernández son los 146 millones de euros de gasto adicional (respecto del presupuesto vigente) que surgen del “techo de gasto” ya aprobado.
Como es natural, el equipo de Fernández da prioridad a un entendimiento con Podemos e Izquierda Unida. Es lógico: quien desea subir los impuestos y el gasto público se siente más cómodo hablando con otros a quienes también les gustaría subir los impuestos y el gasto público.
Intuyo, sin embargo, que el acuerdo entre los distintos partidos de izquierda es difícil de alcanzar. Por un lado, Izquierda Unida propone algo que parece inasumible: derogar la última reforma del Impuesto sobre Sucesiones. Es decir, volver a la situación anterior al 1º de julio pasado, cuando, entre otras cosas, el mínimo exento aumentó a 300.000 euros por heredero. Sería un ridículo de proporciones astronómicas aprobar la rebaja de un impuesto y subirlo seis meses después. Además, sería deshonroso: el PP regional apoyó la aprobación del presupuesto vigente solo porque permitía la rebaja de Sucesiones. Por otra parte, no creo que 146 millones de euros adicionales alcancen para satisfacer los deseos de expansión del gasto público de Podemos ni de IU.
Lo que nunca aparecerá en las conversaciones entre los partidos de izquierda es algo que, a los demás, nos resulta elemental: los 146 millones de euros que “Fernández & Carcedo, sociedad ilimitada” pone encima de la mesa para repartir son nuestros. Es decir, de los contribuyentes.
Por eso es más que razonable la oferta del PP regional de apoyar los nuevos presupuestos si se incluye una nueva rebaja de la presión fiscal en Asturias. Esa propuesta me gusta porque lleva implícito el reconocimiento de que el dinero “público” no existe: lo que existe es el dinero de quienes pagan impuestos. De ahí la propuesta de dejar el dinero que la izquierda debate cómo gastar en el bolsillo de sus dueños: los contribuyentes.
Nuestros 146 millones, que a los socialistas de todos los partidos resultarán escasos, dan para mucho. Alcanzarían para suprimir por completo el Impuesto sobre Sucesiones. O para rebajar Sucesiones y eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. O para suprimir Patrimonio, el recargo autonómico al Impuesto de Actividades Económicas, el impuesto a los Grandes Establecimientos Comerciales, el tributo sobre el Juego del Bingo, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el tributo sobre Actividades medioambientales, el impuesto de Donaciones y todavía sobraría un poco para rebajar Sucesiones. ¿Cómo estaría mejor Asturias? ¿Con 146 millones más de gasto público o con siete impuestos autonómicos menos?
El consejero de Presidencia, señor Guillermo Martínez, dijo hace pocos días que sacar adelante los presupuestos “siempre será mejor que una prórroga presupuestaria”, pues aquellos son el mejor instrumento para “generar actividad económica y luchar contra el desempleo”. No estoy de acuerdo: unos malos presupuestos, como muchas veces ha sido el caso, también pueden ser una poderosa herramienta para quitar incentivos a quienes quieren invertir y trabajar en Asturias.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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