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Otra gestión del municipio: las ciudades privadas

Otra gestión del municipio: las ciudades privadas
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Vicente Moreno Casas

Vicente Moreno Casas

Egabrense de 18 años. Estudiante de economía. Apasionado por la economía, política y finanzas. Escribo en mi blog de opinión personal y en algunos medios digitales. También trabajo como financiero en una startup sevillana.
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En un mundo donde el pensamiento único socialdemócrata se ha introducido en las mentes de casi la totalidad de la población que vive en los Estados de Bienestar (que no Sociedades del Bienestar), se hacen inimaginables numerosos procesos y actividades gestionadas de forma privada.

Habiendo alcanzado niveles superiores al 30% de gasto público en casi toda Europa, los gobiernos han conseguido su objetivo: que los ciudadanos sean incapaces de pensar en una sociedad sin Estado.

Difícil se presenta la tarea de diseñar un sistema educativo o sanitario que no sea público, e imposible la de idear el mantenimiento y propiedad privada de infraestructuras o recursos naturales nacionales. Llegamos al punto en el que ni se nos pasa por la cabeza la organización privada del municipio. Pues, precisamente, trataremos de explicar cómo funcionaría un asentamiento mediante relaciones privadas y sin contar con la intervención de lo público.

 

Sobre la propiedad de los espacios

Que la ciudad sea privada no quiere decir que haya peajes a la vuelta de cada esquina. Ni mucho menos. Existe algo parecido al funcionamiento de las ciudades privadas bien conocido por muchísimas personas: las comunidades de vecinos o propietarios. En ellas, cada vecino es copropietario del bloque junto al resto. Cada uno es libre de delimitar su propiedad y de prohibir el paso si quisiera. Sin embargo, se comprueba que, de hacerlo, los costes superan a los beneficios que pudiera reportar. Si el vecino del primero cobrara o limitara el paso por su tramo de escalera al vecino del segundo, el otro podría hacer lo mismo con el del primero, dificultando el acceso del primero a la terraza, donde sube a tender la ropa. Es por eso que llegan al acuerdo de entender la escalera, portal y terraza como bienes comunales. Lo más beneficioso para ambos.

Al igual que en el ejemplo anterior, cada habitante es copropietario de un porcentaje de la ciudad. Lo es porque, o bien ha colaborado en su construcción, o bien ha adquirido un inmueble en ella. Por eso, no prohibirá el paso por su calle o parte de la misma ya que entiende que no es productivo para él. Y así ocurrirá en agregado. Las calles y zonas varias pasarán a ser propiedad comunal. No entraña excesiva dificultad ¿no?

Además, cada zona puede establecer unas normas o estatutos, al igual que hacen otras organizaciones de personas que ponen en común su propiedad, y exigir su cumplimiento. Sanciones por arrojar basura, contaminación acústica, etc.

Imagine que, a partir de ahora, el ayuntamiento pasara a administrar los espacios comunes de los bloques de pisos y urbanizaciones con el pretexto de evitar posibles conflictos. No quiero imaginar el desastre que supondría. Esto se debe al cortoplacismo de las políticas municipales, incluso contradictorias muchas veces, y a la dificultad que supone para el consistorio conocer y responder correctamente a las demandas de tantos vecinos. No hay más que comprobar el estado físico de numerosos sitios que son de propiedad pública. Y, además, mediante el voto, propietarios tomarían decisiones sobre otros propietarios, con los que no tienen relación de propiedad ninguna. Un caos.

En esa mala praxis estamos inmersos. Y como ya he mencionado, es así que se encuentran muchas infraestructuras, calles y parques en las ciudades.

La solución es dejar que los ciudadanos elijan la forma de administrarse, el tamaño óptimo de esas comunidades de propietarios y cómo han de organizarse. Creando competencia entre las comunidades y manteniéndose siempre abiertos a la mejora, en busca continua de más eficientes formas. Todo en un continuo proceso de prueba y error.

 

Subcontrataciones de servicios municipales

Las comunidades, barrios, distritos o ciudades podrían estar administradas por una empresa experta en ello, por los propios vecinos o por cualquier forma que se pueda ocurrir y poner a prueba.

Los servicios de los que nos provee el ayuntamiento, como la recogida de basuras o el servicio de agua potable, podrían ofrecerlo empresas privadas. Esto tiene de positivo que, por un lado, evitamos favores políticos con empresas municipales, de los cuales ya conocemos unos cuantos. Y por otro, los mejores precios y calidades que nos propongan las corporaciones al estar en competencia unas con otras.

De hecho, este modelo de subcontratación, puede empezar a aplicarse en una transición desde el sistema actual hasta el que planteo en el artículo, o simplemente como una forma de hacer más eficiente el ayuntamiento.

Tenemos ejemplos de poblaciones que han alcanzado el éxito de esta manera. En Georgia, la ciudad de Sandy Springs, de 100.000 habitantes, se gestiona con una empresa privada subcontratada, el ayuntamiento solo cuenta con 200 empleados públicos (bomberos y policías). El coste de los servicios es un 21% más barato que la media de las ciudades cercanas. Que poblaciones de su alrededor, como Milton o Dunwoody, hayan copiado este modelo denota lo muy beneficioso que acaba resultando.

Sin duda, cualquier cosa que sea gestionada de forma privada será siempre más eficiente que la organizada por lo público. A los hechos me remito.

En el caso de las ciudades, debemos de ser conscientes de que, como en todo, hay más formas de hacer las cosas. Tenemos que reconocernos copropietarios y saber que otra mejor administración es posible.

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