Afortunadamente, ha vuelto al debate la recentralización de muchos servicios públicos, y lo que es mejor, se empieza a abrir la puerta a eventuales mecanismo liberales como el cheque escolar o la póliza sanitaria. El estado garantiza, pero no tiene porqué proveer.
Son servicios fundamentales, sí, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de apuntar a otro servicio, más sensible si cabe, y más atomizado en su dispensación si cabe. Se trata de los Servicios Sociales.
Y no se engañen, posiblemente son los servicios en los que más falta hace que haya menos Estado. Actualmente, no hay Administración, por pequeña que sea, que no tenga su correspondiente área al respecto y multitud de legislación, ordenanzas y directivas al respecto.
El resultado, desde unas fuentes o desde otras, hay demandantes de ayudas que acumulan dádivas que elevan sus ingresos varios órdenes por encima de lo que un trabajador estándar, de los que se levanta a las seis de la mañana y trabaja a lomo caliente todo el día, llega a percibir en forma de salario.
Unas políticas de ayudas de una Administración municipal pueden estar en conflicto con la de su Administración autonómica, o gestionarlas de forma paralela o duplicada. A veces el perfil político entre Administraciones es distinto y los convenios o acuerdos se trastabillan.
Incluso un esquema de Estado de menos niveles, (de menos estado), que defienda únicamente una Administración Central y otra municipal, debe dejar claro quien es el agente encargado de proporcionar los Servicios Públicos, y mejor si es en exclusiva. Los profesionales públicos encargados de evaluar la procedencia o no de librar ayudas han de estar amparados por una única estructura.
Y lo que es más importante, el ciudadano tiene que poder decidir cómo gestiona el porcentaje de sus impuestos que se destina a ayudas. Quizá es demasiado golpe de una tacada para las naciones acostumbradas a descargar de sus hombros la responsabilidad de velar por sus semejantes, (siempre he dicho que lo peor del colectivismo de Estado es la correspondiente deshumanización de sus ciudadanos) pero los que creemos en el orden espontáneo sabemos que los nichos de dolor y sufrimiento que una sociedad moderna y cambiante va creando son más fácilmente atacables desde las guerrillas de las asociaciones privadas de caridad. El hombre tiene el instinto de ayudarse, y la dinámica de mercado, encontrar la oportunidad y cubrirla, sin duda es la más óptima de las fórmulas que, de momento, conocemos.
Un cheque social, para que el ciudadano lo destine a la causa que prefiera, o a la organización que prefiera, incluso aunque tuvieran que estar en un catálogo homologado por el Estado, sería uno de los pasos que cualquier liberal que conozco firmaría a medio plazo, aunque el estallido de ira progresista (que quiere dirigir la caridad para su propia ingeniería de construcción social) y conservadora (que, en el fondo, quiere hacer lo mismo, pero para otro edificio) hacen este planteamiento muy complicado. Aunque qué mejor consenso, que la libertad.
De momento, plantear unas políticas sociales sencillas y generales, que para impedir que la gente muera de frío o de hambre, o de falta de formación, no hace falta mucha letra en el BOE. Y arrasar con todos los chiringuitos y ONG’s que han crecido a las faldas de las Administraciones intermedias, y cuyos porcentajes de ayuda finalista son sencillamente vergonzosos.
A fin de cuentas, una recentralización no es muy distinta de un proceso de fusión empresarial. Elimina duplicidades, fusiona departamentos, discrimina a los mejores trabajadores, economiza medios, unifica criterios, libra activos, y puede ofrecer a sus clientes unas mejores condiciones de servicio, apoyándose en la economía de escala y en la red preexistente.
Ofrecer mejor servicio por el mismo coste es una cosa deseable en todos los aspectos, es un argumento que he utilizado cientos de veces para explicar porqué desde un punto de vista liberal es mejor la recentralización de servicios como educación y sanidad. No sólo es que eliminas capas y capas de Administración, burocracia y normativa, de Estado en definitiva, es que además rebajas el porcentaje de esfuerzo, de impuestos, de coacción, que el ciudadano de a pié tiene levantar. Pero es que, además, en el ámbito de la ayuda al que no llega, si con el mismo dinero donde antes ayudabas a dos, ahora ayudas a tres, ¿qué argumento socialista puede existir?
Hola. Hasta cierto punto , comparto la raíz de tu reflexión. También el noble y alto objetivo que propones. Pero, ¿por qué te quedas a medio camino?. Quiero decir, porque ha de ser el Estado garante de nada, por qué su mera existencia. Si sigues tu misma reflexión,¿ no te lleva a que ciudadanos capaces de reflexionar acerca de la inoperancia de la estructura que vivimos, son también capaces de llevar su propio destino agrupándose en colectividades basadas en el apoyo mutuo y en el bien común?. No lo entiendo, a mi esa deriva me lleva al Socialismo Libertario.
Y, si quieres en un paso intermedio,¿no ves clara la necesidad de una cláusula en las contratas públicas que se el Bien Común?. En cualquier concurso público prima el factor económico. Si lo hiciera el del bien común, la Administración se enderezaría de raíz. Creo que es un paso más hondo que el que tu propones.
Un saludo y gracias:
Fery.