De reguladores, regulados y otros privilegiados

Cuando un servicio es crítico para el correcto desarrollo de la sociedad en el que se ofrece (médicos, bomberos, suministro eléctrico o transporte), la sociedad, a través de sus representantes, puede ceder parte de la libertad de la oferta (regulación) con tal de que la oferta se realice

• Siempre.

• Con un coste adecuado

• Con la calidad necesaria para su correcto desarrollo.

Es el caso de hospitales públicos o los policías. Los ciudadanos exigimos poder contar siempre con un médico que nos cure o un policía que nos proteja, a un coste que podamos pagar y con una profesionalidad adecuada.

Sus puestos son tuyos dado que los convoca el estado en tu nombre, los paga el estado con tus impuestos y cuando finaliza (jubilación, despido,…) su puesto regresa al estado. Entonces, el estado se reserva del derecho de volver a convocarlo.

Sin embargo, la regulación del estado no se restringe exclusivamente a los funcionarios, sino que alcanza también a personas que no se rigen por el régimen funcionarial y que en cambio, viven en cotos garantizados por un estado al que rinden cuentas mínimamente. Es el caso de las licencias de farmacias, estancos, porteadores portuarios, licencias de taxis, concesiones de líneas de transporte, generación de energía o de cualquier otro tipo de sector «regulado».

El estado, cede parte de su potestad a parte de la sociedad civil (regulados) teóricamente para aumentar la eficiencia de la gestión y de esta manera asegurar los tres puntos anteriores: garantía de servicio, reducción de costes y aumento de calidad. Hasta aquí la teoría.

Realizar estas concesiones sin un control y supervisión permanentes es pura ingenuidad, nepotismo o bien connivencia con el sector regulado por no decir prevaricación. El estado hace dejadez de sus funciones cuando cierra el mercado concediendo pocas licencias y evitando coercitivamente que otros puedan ofrecer el servicio al tiempo que deja esas licencias (permanentes) en manos de los «agraciados». Esto genera una sensación de impunidad a los regulados y agravio comparativo al resto de clientes obligatorios del servicio.

En este caso, el estado actúa como generador deliberado de escasez de la oferta mediante la regulación del sector. Les recomiendo la lectura del libro “Free Culture” de Lawrence Lessig1. Léanse especialmente el capítulo dedicado a la economía de la escasez. No tiene desperdicio. Esta economía tiene el efecto secundario de crear deliberadamente la escasez para garantizar una clientela y la supervivencia de los que suministran esos productos/servicios. Esta distorsión del mercado es la que hace que una farmacia se tenga que comprar por dos millones de euros entre particulares, que una licencia de taxi valga casi como medio piso o que los puestos de trabajo de los porteadores portuarios pasen vitaliciamente de padres a hijos y los tuyos nunca puedan serlo. Una forma de dejar de distorsionar el mercado es dotarlo de libertad y de eliminar las distorsiones estatales garantizando ese mismo estado a sus legítimos dueños sus posesiones.

Es decir,

1. Las licencias (taxis, farmacias, estancos, líneas eléctricas, de transporte,…) son siempre del que las otorga: el estado vía el organismo competente. Que además es el garante y regulador de las mismas, pues son suyas.

2. Las licencias no son de los regulados. Por lo tanto, los regulados no se las pueden vender particularmente a nadie ni recibir remuneración alguna por ello.

3. Las licencias deberían ser siempre temporales y nunca superar el tiempo de explotación máximo que su titular pudiera ejercer (jubilación, abandono de la actividad, muerte u otras).

4. Se debería regular las licencias como se hacen con las concesiones, en pública subasta a la que todos pudieran presentarse y concedidas por un tiempo limitado.

5. Evaluación periódica por parte de los clientes de la calidad del servicio para proceder a la retirada anticipada de la oferta en caso de que no se cumplieran con los requisitos de servicio durante su ejecución.

6. Es el estado el que regula cuantas pueden haber según las necesidades puntuales: las retira o amplia vegetativamente.

De esta manera,

• Los estibadores portuarios no podrían priorizar a sus hijos en el puesto de trabajo tal y como se hizo con los trabajadores de la RENFE hace bastantes años, se podrían presentar otras ofertas,… y el sector portuario ganaría en competitividad.

• Las licencias de los taxis no valdrían la millonada que valen o los precios por las farmacias no serían tan desorbitados. No habrían privilegios para los hijos de los farmacéuticos, no habrían farmacias que mueven más de dos millones de euros al año mientras hay otras que no llegan ni a la décima parte ya que se daría más licencias por criterio de facturación y no sólo población.

En fin, continúen ustedes la lista, que en España es enorme.