PUBLICADO EN LA NUEVA ESPAÑA
La Ley de Salario Social Básico de Asturias, como cualquier otra ley de salario social, es un despropósito. Despropósito, que a modo de sainete u obra cómica menor, se desarrolla e intercala entre los actos principales de una obra trágica mucho mayor: el Estado del Bienestar. En el primer acto de esa gran tragedia que es el estado del bienestar, asistimos al establecimiento y consagración de falsos derechos. Se persuade, ley mediante, a los ciudadanos de un país de que su mera existencia les concede derechos sobre las propiedades y vidas ajenas. Se les dice que su dignidad como seres humanos, trasciende el plano moral e implica derechos sobre bienes materiales con independencia de la propiedad de los mismos. En el segundo acto, asistimos al establecimiento de obligaciones “sociales” derivadas de dichos falsos “derechos”. Obligaciones “sociales” que el estado hace suyas, y que se concretan en la obligación estatal de proveer bienes, medios y servicios (previa incautación de los mismos).
El sainete viene cuando se cogen esos falsos derechos y sus obligaciones derivadas y se particularizan en un despropósito como las leyes de salario básico, que mediante la exageración y la reducción al absurdo, ponen de relieve la cruda realidad del Estado del Bienestar.
Así, en la Ley de Salario Social Básico de Asturias, se parte de la premisa de que existe un derecho de la persona a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde a la dignidad humana. Simultáneamente a este derecho, se establece otro que dice que las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, tienen derecho a una prestación económica de ingresos mínimos sobre la base de una artificiosa unidad económica de convivencia independiente. Tras esto, se establece una obligación derivada de dichos “derechos” que se concreta en la obligación estatal de proveer de los medios oportunos de prevención y lucha contra la exclusión social. Es decir, el derecho a la dignidad humana se trastoca finalmente, por arte de birlibirloque, en el “derecho” a cobrar sin contraprestación alguna una renta a los demás ciudadanos.
La realidad, es que no existe el derecho per se “a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde a la dignidad humana”. Primero, porque el concepto vivir de forma digna es muy relativo, y segundo porque esos recursos, como todo bien económico, han sido producidos con el esfuerzo y trabajo personal de alguien. Alguien, legítimo propietario de los mismos, al que se le dice que no tiene derecho al uso y disfrute de los bienes por él producidos, porque hay otros que sin haberlos producido tienen más derechos que él sobre dichos bienes. En definitiva, que el derecho de unos implica el robo a otros. Porque en este caso, no vale la habitual argumentación de que con nuestros impuestos se pagan los servicios que el estado nos presta como ciudadanos (educación, sanidad, etc…) Aquí se nos está diciendo claramente que parte de nuestros bienes son incautados para su cesión a terceros, en base al supuesto derecho de estos terceros a vivir a nuestra costa. Y a vivir no solo de forma digna, sino a vivir como unidad económica independiente. Porque al parecer, ya no se puede vivir de forma digna en casa de la abuela, poco digno, sino que cada uno de nosotros tenemos derecho a vivir en nuestro pisito de forma independiente. Derecho que podemos exigir a los demás sin que nos sea demandado nada a cambio.
Y lo de menos en este caso, es el monto de la incautación de bienes ajenos para el pago del salario social, que en Asturias ascendió a unos 109 millones de euros en el año 2016, sino el carácter inmoral del mismo. No se enjuicia en este artículo el tamaño de la incautación, que cada cual podrá juzgar como grande o pequeña, sino su naturaleza. Y su naturaleza es la de un vulgar robo, definido en palabras de la REA como “tomar para sí algo ajeno sin la conformidad de su dueño’.
Y si, es lógico que todos aspiremos a vivir de forma digna e independiente; pero sin perder nunca de vista que ese “derecho” hay que ganárselo, básicamente porque los recursos no aparecen de la nada. No existe el derecho de apropiación de los bienes ajenos, ni el derecho al disfrute gratuito de recursos por otros producidos; llámese este salario social o llámese vivir del cuento.
SERGIO JOSÉ MARQUÉS PRENDES (Gijón, 1972)
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León. Desarrollo de productos de producción animal para el sector privado.
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