El tamaño no importa

Muchos liberales defienden la secesión catalana con el argumento de que la división que supondría un nuevo estado, reduce su poder. Argumentan que a menor tamaño del país, relacionando menor tamaño con menor población, mayor libertad de sus ciudadanos. Sin embargo, los datos que he analizado apuntan a que el tamaño de la población gobernada no está relacionado con el grado de libertad que disfruta esa población. De hecho, lo que puede alimentar un mayor coerción sobre la población gobernada, es decir, una mayor propensión a gobiernos totalitarios, es un número reducido de ciudadanos combinado con una baja diversidad de esta población, pues bajo estas dos circunstancias los costes de control sobre la población son inferiores a los que se necesitarían para someter a una población de mayor tamaño y más diversa. La homogeneidad facilita la coerción frente a la diversidad que la dificulta.

La secesión de Cataluña, tal y como parece estar siendo dirigida por sus irresponsables responsables, apunta a un proceso que busca homogeneizar y reducir la población a gobernar, excluyendo al disidente. Según la teoría que defiendo, este proceso en lugar de llevar a un debilitamiento del estado, entendido como coerción política sobre la población, lo incrementará. En el caso de lograrse esta homogeneidad, no será sólo el estado como estructura política quien ejerza control sobre los disidentes, pues contará con apoyo de la sociedad civil homogénea y secesionista para lograr el sometimiento del resto.

El análisis estadístico de los datos no permite defender la teoría por la que algunos liberales afirman que países pequeños implican más libertad que países grandes. Por lo tanto, la libertad de los ciudadanos estaría vinculada a otros factores distintos del tamaño del país, como su estructura institucional, tal y como apuntan Acemoglu, Robinson o Bueno de Mesquita. Si esto fuera así, tras la lectura de la Ley de Transitoriedad, debe perderse toda esperanza de que el posible nuevo estado catalán vaya a permitir una mayor libertad a sus ciudadanos de la que disfrutan en el estado español.

El actual proceso secesionista catalán, es defendido por muchos liberales en base a que un mayor número de países más pequeños, llevaría a un mejor trato a los ciudadanos, por la vía de la competencia entre gobiernos y redundando finalmente en una mayor libertad económica. Muchos defienden la fragmentación de los países como vía para la reducción del poder estatal y por lo tanto una mayor libertad de los ciudadanos, a los que les resultaría más sencillo de desasociarse de comunidades políticas pequeñas.

En este contexto, y utilizando el mismo razonamiento que aquellos que defienden la secesión como medio de obtener más altas cotas de libertad, el tamaño del país debe de entenderse como el tamaño del conjunto de ciudadanos que viven o deciden vivir bajo el mismo sistema estatal. Un país de 1 millón de habitantes será menor que un estado de 3 millones de habitantes.

Obvian estos liberales la multitud de ejemplos históricos de comunidades políticas pequeñas coercitivas, hasta en punto de haber impedido la huída de sus ciudadanos o haber procedido con su eliminación física. Su oposición a comunidades políticas grandes, se sustenta en teorización social más que en análisis empíricos. Se refieren casos excepcionales y anecdóticos como Liechtenstein, Andorra, Mónaco o Luxemburgo, que como excepcionalidades sobreviven de la competencia fiscal con sus vecinas comunidades políticas democráticas de mayor tamaño. Una excepcionalidad difícilmente sostenible en un mundo íntegramente conformado por países de estas características, sin estados grandes con los que competir o de complejo encaje en civilizaciones no occidentales, en las que la libertad individual está subordinada culturalmente a interés colectivo.

Nunca mencionan estos liberales de los “micropaíses” a Kiribati, Micronesia, Timor-Leste, República Democrática del Congo o Suriname, países pequeños y de poca libertad, en lo que aparenta un sesgo ideológico marcado por el deseo de una utópica federación mundial de ciudades estado, más que por la realidad de los hechos.

La teoría empresarial no es extrapolable directamente al ámbito político

La literatura liberal tiende a la defensa de unidades de gestión reducidas en el ámbito empresarial, donde impera la interrelación voluntaria. Esta defensa de la reducida dimensión en el ámbito empresarial, trata de extrapolarse al ámbito político, lo que considero profundamente equivocado, por la dinámica coercitiva que impera en el ámbito político frente a la voluntaria del ámbito empresarial.

Hannes H. Gissuarson relaciona una mayor riqueza de los estados reducidos, algo que he comprobado no responde a la realidad, pues no existe un aclara correlación estadística entre renta per cápita y tamaño de la población. Nassim Taleb relaciona la antifragilidad con federalismo y tamaño reducido, cuando desde mi punto de vista la homogeneización de poblaciones y su menor tamaño es lo que facilita una mayor coerción por los menores costes de control que implica, redundando por tanto en una mayor fragilidad de estas comunidades pequeñas y homogéneas, que resultarían más resilentes al cambio.

Bartlett aboga por la vuelta a las ciudades estado en lugar de las naciones estado. Rallo, sin entrar a concluir sobre la bondad de los estados pequeños, los defiende ideológicamente con el derecho de asociación y desasociación de las personas en lo que denomina la soberanía individual frente a la nacional, en un óptimo escenario para el economista que consistiría en una liga de comunidades políticas de tamaño reducido. Maria Blanco refiere la unidad mínima de gestión como población de tamaño reducido, que permitiría una reducción de los poderes del estado, sin referir la diferente dinámica del poder político, dominada por la coacción, frente a la interrelación voluntaria.

Krause y Kaiser, que apuestan por la descentralización, división de poderes y su dispersión para debilitarlo, aunque hacen hincapié en la importancia de que gobiernen las leyes y no las personas. Bastos que apuesta por una descentralización responsable y por la secesión, como mejor herramienta del género humano para garantizar su libertad. Huerta de Soto que defiende el derecho de secesión de minorías como profundamente liberal.

Todos ellos se deleitan con la teoría de la unidad de gestión de reducida dimensión, sin descender al nivel fáctico para contrastar la bondad de la misma. Prima el deseo, la utopía de un liberalismo dogmático, cuya marco intelectual, como refiere Lakoff, impide reconocer hechos objetivos que refutarían el marco preconcebido.

Menor población y más homogénea no aumenta a la libertad

La autodeterminación, mediante la secesión, debería ser reconocida de forma individual, de manera que esta decisión individual no suponga coacción a terceros impuesta por la regla de la mayoría. En esta línea se manifiesta Rallo, con su Soberanía Individual frente a la nacional, pero impracticable en grandes colectividades por los problemas jurídicos y los costes económicos que supondría la división de la cosa común.

La secesión de un colectivo, decidido por la regla de la mayoría, en la que los disidentes sean obligados a secesionarse, choca frontalmente con el principio liberal de no coacción definido por Leoni y por lo tanto, como decía Mises, para estos ciudadanos disidentes “pertenecer a un estado, al cual no se quiere pertenecer, no es menos oneroso si es el resultado de unas elecciones que si debe soportarla como consecuencia de una conquista militar”.

Mi discrepancia con los teóricos defensores de la comunidad política de reducida dimensión, es que a diferencia de la bondad que estos asignan a la homogeneidad en comunidades pequeñas, considero que la homogeneidad alimenta el poder despótico, mientras que comunidades políticas grandes, poco homogéneas internamente, debilitan el poder estatal que se ve enfrentado a fuerzas superiores a las que estaría sometido un gobierno con poblaciones reducidas y homogéneas. Una población grande y diversa, más aun si es joven, genera cambios sociales que determinan alteraciones de los regímenes políticos, como apunta Samuel P. Huntington, cambios que en su momento permitieron el surgimiento de la democracia liberal. La homogeneidad de las comunidades pequeñas, que apuntan como beneficiosa muchos de liberales, alimenta el poder estatal contribuyendo a la eliminación de divergencia alguna. Una homogeneidad, que en la mayoría de las ocasiones no es natural sino impuesta por las élites políticas. Unas élites, que instaladas en el poder son reactivas a los cambios sociales que experimenta toda sociedad.

La diversidad interna de cualquier gran comunidad, implica que los costes de coerción no sean lineales en función de la población, sino progresivamente crecientes con el tamaño poblacional y la diversidad de la misma. Es decir, el coste de control no será el mismo en un país con una población muy homogénea de 1.000.000 de habitantes, que ese mismo país en el que la población sea diversa. Los costes de control serán por tanto resultado de dos factores, la población y la diversidad interna de la misma. Una población pequeña y poco diversa será más fácilmente sometida a control, por la menor necesidad de recursos necesarios para ello.

Esta mayor diversidad interna de las comunidades políticas de mayor tamaño, trata de conducirse hacia procesos de asociacionismo federal o de otra índole, como las comunidades autónomas españolas, que tienen a reducir la diversidad de la comunidad política, y conduce a una mayor facilidad de control sobre la población. La descentralización política no genera más libertad, sino menos.

La secesión, desasociación, o la separación de un aparte de la población, con su territorio, no implica un debilitamiento del poder al que estará sometida la población de la nueva comunidad política. Lo que surgen son dos poderes, escindidos de un poder original sobre la población origen. Los dos poderes que surgen de la escisión, no tienen que ser más débiles, sino que al contrario, se generan liberalidades para la coerción, pues al ver reducida la diversidad interna de sus poblaciones, verán reducidos los costes de control sobre la misma, de forma que le resultará menos oneroso la coerción.

Por tanto, la solución no pasa por la creación de nuevas comunidades políticas, que tenderán a fortalecer sus poderes sobre la población, sino la reducción del poder estatal en comunidades diversas. Esto se logra manteniendo la mayor diversidad interna de la comunidad política, uso restringido de la regla de la mayoría, reducción de la hiperregulación que resulta del monopolio legislativo del constitucionalismo actual y la apertura de las competencias estatales a los operadores privados para que la población elija suministrador de servicios, resolviendo el monopolio de adhesión obligatoria.

El tamaño del país no tiene relación con la libertad de sus ciudadanos

Cuando se habla de estados pequeños, no estamos hablando de una excepción, pues si situamos la media poblacional de los 180 estados valorados en el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation en 39,7 Millones, sólo 33 de ellos superan esa población. Si tomamos la mediana en 8,5 millones entendemos que la mayoría de estados tienen poblaciones inferiores a la de muchas ciudades mundiales.

Utilizando la fuente de datos de Heritage Foundation, se valora la correlación entre el puntuación asignada a cada país, en términos de libertad, con el tamaño del país, en términos de su población.

Utilizando el Coeficiente de Correlación de Pearson, que mide la correlación entre dos variables, donde -1 implica una correlación negativa perfecta, esto es más población menos libertad, 1 implica una correlación positiva perfecta, esto es más población más libertad y cero, o próximo a este, que implicaría la ausencia de relación entre las variables. Pues bien, la correlación, según este índice, arroja un resultado de 0.081, lo que significa la falta de correlación entre población y libertad.

Con independencia de los subgrupos que se analicen, el índice no supera en níngún caso una correlación pobre (0.20 o -0.20), ya sean grupos de países con población inferiores o superiores a la media o a la mediana. Grupo de 20 países menos poblados contra 20 más poblados. Grupo de 20 países más libres contra los menos libres. Grupo de 140 países intermedios excluyendo los 20 países más extremos, ya sea en población o en libertad.

El Coeficiente kappa de Cohen, arroja también como resultado la falta de correlación alguna entre tamaño de la población y libertad de la misma. En este caso, se ha dividido la muestra de 180 países en 2 subgrupos de 3 países cada uno, el primero bajo el criterio de 60 grandes, 60 medianos y 60 más pequeños, y el segundo bajo el criterio de 60 con libertad alta, 60 mediana y 60 paises de libertad baja. Esto genera una matriz de 9 grupos que van desde países grandes con baja libertad (23) a países pequeños con alta libertad (21). Pues bien, el resultado de este coeficiente, cuyo valor 0 significa inexistencia de correlación y 1 correlación perfecta, arroja un 0.008 con un nivel de confianza del 99,5%. Es decir, no hay correlación entre el tamaño de la población y la libertad de un país.

Conclusión

Podemos concluir por tanto, que el tamaño de la población de la comunidad política no tienen relación alguna con la libertad que puedan llegar a disfrutar su ciudadanos y que la ensoñación de muchos liberales sobre la bondad de los pequeños estados, más allá del anhelo de desearnos a todos viviendo en países como Hong Kong (7,3 Millones, HF 1), Singapore (5,5 Millones, HF 2), Nueva Zelanda (4,6 Millones HF 3), Suiza (8,2 Millones HF 4), Australia (23,9 Millones HF 5) o Luxemburgo (0,6 Millones HF 14), puede resultar en una realidad vital como la de Corea del Norte (24,8 Millones, HF 180), Cuba (11,2 Millones HF 178), República del Congo (4.4 Millones, HF 177), Eritrea (6,8 Millones, HF 176), Zimbabwe (13,4 Millones, HF 175) o Guinea Ecuatorial (0,8 Millones, HF 175).

Por tanto, el tamaño no importa, al menos en este caso