Sobre la legitimidad del gobernante, por un libertario.

Sobre la legitimidad del gobernante, por un libertario.
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Aarón Bocos Jaén

Aarón Bocos Jaén

Graduado en Historia. De Avilés, Asturias.
Aarón Bocos Jaén

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En los últimos meses me interesé bastante por el debate sobre el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, ya que quería conocer los argumentos que esgrimían ambas posturas. En este texto no vengo a dar mi opinión sobre ese tema, sino a hacer alguna observación a uno de los argumentos lanzados a favor de la exhumación: que Franco no fue un gobernante legítimo.

Lo primero que debemos preguntarnos sobre la legitimidad política es: ¿Cuándo surge? ¿Cuándo un gobernante lo es de manera justa, inequívoca y goza de todo derecho para ello? Algunos responderían que sería con un Contrato Social, bajo el cual se acuerda un marco de convivencia, así como los derechos y obligaciones de gobernantes y gobernados.

¿Pero este Contrato ha existido alguna vez en la Historia? En mi opinión (como libertario) ningún Estado lo ha tenido. Primeramente, requeriría que todos los miembros de esa sociedad lo aceptasen voluntariamente, ya que un contrato sólo es tal cuando proviene de la libertad para firmarlo y para rescindirlo. Ciertamente un grupo reducido de personas puede alcanzar tal acuerdo, pero difícilmente estaríamos ante un Estado, dada su mínima expresión.

Pero aceptemos que se establecerse tal acuerdo: ¿qué ocurrirá cuando pase el tiempo y nuevas gentes acaben bajo ese régimen? Esclavos, pueblos anexionados por la fuerza, los hijos de los sí firmantes… ¿En algún momento se les pedirá confirmación para ser gobernados? No, todos ellos serían arrastrados por los arriba firmantes automáticamente. No hay un carácter voluntario en el Estado, sino uno obligatorio y coactivo. Si fuese al contrario, el derecho de secesión habría sido la norma. El mundo no habría visto grandes Imperios y estaría atomizado en países o comunidades sumamente pequeñas, con una movilidad constante por asociaciones y desasociaciones.

Algunos objetarían que un ejemplo de Contrato Social es una Constitución votada por una mayoría ciudadana. Pero el problema continuaría: Quienes optaron por no votar, ¿pueden no acatarla y organizarse libremente? ¿Cuando un joven alcanza la mayoría de edad, se le da la opción de firmar? La respuesta siempre será negativa. Porque el Contrato, haya existido inicialmente o no, tiene dos problemas decisivos que lo invalidarían:

El Contrato no renueva el consentimiento en el tiempo. Las nuevas generaciones no tienen opción a elegir si lo aceptan o no. A Jefferson le atrajo la idea de renovar la

Constitución cada 20 o 30 años, para que cada generación viviese bajo sus propios ideales. – Se basa en una dimensión espacial, no en una personal. Cuando se forma un Estado, no abarca exclusivamente a las personas conformes, sino a todos los habitantes del territorio bajo su yugo.

A donde quiero llegar es que la legitimidad del gobernante no vino nunca del consentimiento del gobernado, sino de otras vías:

– De la autolegitimación: cuando un nuevo gobernante accede el poder, siempre ofrece un discurso justificando su posición, al mismo tiempo que niega los derechos de su oponente. El poder se legaliza a sí mismo, como hemos visto a lo largo de la Historia en cada cambio de dinastía y de régimen. Hijos ilegítimos, bodas ilegales y guerras civiles formaron los gobiernos que han dado lugar a nuestras sociedades actuales.

– Del poder de facto: cuando quien dice tener derecho a gobernar logra acatamiento. No importa si la obediencia es voluntario o no, como ya dijimos. Si mañana me autoproclamase nuevo alcalde de mi ciudad, y lograse que la mitad de mis vecinos aceptasen mi administración, la urbe tendría en efecto dos alcaldes a la vez, ya que ambos tienen ciudadanos que les aceptan y obedecen. Poco importa la ley. Ésta queda en agua de borrajas en el momento que nadie la puede hacer cumplir.

Además, la legitimación de los regímenes por sus pueblos es parcial y subjetiva. Una parte de la población puede perfectamente aceptar una monarquía absoluta, mientras que otros desean una república liberal o socialismo. En cualquier sociedad de la Historia vemos conflictos más o menos encarnizados entre modelos de Estado, dinastías, nacionalismos…

Mi opinión final es que todo Estado, en la filosofía de mi visión libertaria, es totalmente ilegítimo por no basarse en la voluntariedad individual, y por emplear siempre, aunque sea contra una minoría social, amenazas y sanciones, dejando como única vía de escape renunciar a la tierra natal y emigrar. Pero al mismo tiempo el Estado se hace legítimo por lograr acatación factual: logra que los díscolos se dobleguen y paguen tributos, sirvan en el ejército, renuncien a ciertas libertades. La clave está en tener la fuerza para dominar o para rechazar al dominador. Y no ignorar que puede contar con apoyos sinceros. Mi solución sería renunciar al modelo de Estado delimitado por fronteras, en favor de uno individual y contractual.

Basándonos en todo lo anterior, no importa bajo qué medios alcance el poder un gobernante. Todo dominio político se basa en la obediencia por la fuerza. Isabel I contra Juana la Beltraneja; Felipe V contra Carlos III el Archiduque; Isabel II contra Carlos María Isidro. Todos esos enfrentamientos, y otros ejemplos que podamos poner sobre la mesa, terminaron legitimados de facto en el momento que uno los contendientes impuso su autoridad.

La II República Española logró erigirse sobre una monarquía débil de apoyos. Y fue la escasa aceptación que suscitó (y por ende su poca legitimidad real) entre izquierda y derecha, lo que la hizo desplomarse. España no estaba lista para una democracia parlamentaria. El verdadero fervor ideológico estaba en manos de los más violentos e intransigentes: anarquistas, comunistas, falangistas y otros autoritarios. Los verdaderos demócratas eran pocos y no tuvieron fuerza para imponerse.

Por tanto, bajo la perspectiva de la política como coerción, durante la Guerra Civil lucharon dos bandos legítimos. La fuerza, el discurso y la obediencia lograda les otorgaba derecho al gobierno. Quienquiera que fuese el vencedor impondría su ideario a todos los españoles, sin importar nada su consentimiento. Ambos dirían haber salvado a la patria de un gran mal. Y al que no le gustase: cañón, celda o carretera.

 

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