Una país en ruinas
La crisis, la corrupción, el despilfarro, la compra de voluntades a través de la creación de lobbies subvencionados…
Igual es el momento de girar el timón para intentar dejarles algo más que un país en ruinas a nuestros hijos.
Y ya puestos, podíamos empezar por quitarle parte del poder a los políticos, causantes de la mayoría de los males anteriormente citados, o al menos intentar reducir la posibilidad de que ejerzan ese poder sobre nosotros.
La administración pública y la división territorial
Nuestro país tiene cuatro niveles de administración pública (local, provincial, autonómica y estatal), cuando la mayoría de los países de nuestro entorno sólo tienen tres.
Huelga decir que cada nivel nos cuesta millones de euros, y que en cada nivel hay colocados cientos de políticos, empleados públicos nombrados a dedo, asesores, etc.
Los políticos son necesarios en una democracia, ¿pero tantos?
España es un país que tiene una armónica división territorial provincial que data su implantación en 1833 bajo la regencia de María Cristina de Borbón, pero que ya había sido planificada en las Cortes de Cádiz.
Luego, en la transición, el intento por contentar a todos hizo que nos inventáramos un sistema territorial de autonomías, que pudo ser útil en un período de nuestra historia donde primaba la lealtad institucional y el bien común para salir de una dictadura, pero que ha ido degenerando en un monstruo insaciable de varias cabezas que ya no tiene ningún sentido ni económico, ni social, ni en términos históricos, pues ha traicionado a la causa común por la que se unieron los antiguos reinos peninsulares.
Un país nuevo
Quizá sea el momento de cambiar la historia y construir un país nuevo.
Un proyecto para nuestros hijos.
Las dimensiones y la población de España nos hacen ideales para intentar estructurarnos en sólo dos niveles de administración política, dejando atrás no sólo los cuatro actuales sino también los tres en que se estructuran la mayoría de países occidentales.
Seamos pioneros en algo.
Las provincias y las competencias
Propongo un país nuevo donde las competencias más importantes estén asumidas por el estado (sanidad, educación, defensa, seguridad, etc.), y el resto de competencias las asuman las Alcaldías Provinciales, compuestas por un Alcalde Provincial y su correspondiente Parlamento Provincial.
El tamaño de las provincias las hace mucho más ideales para descentralizar competencias con la máxima eficacia.
Así, tendrían que desaparecer las actuales Comunidades Autónomas; y los ayuntamientos pasarían a ser órganos de gestión al servicio del ciudadano llenos de profesionales que hayan obtenido su plaza por oposición (una especie de descentralización del gobierno provincial en aras a aumentar su eficiencia y eficacia).
El país nuevo quedaría entonces estructurado en dos niveles de administración política y tres de administración pública.
Desaparición del caciquismo territorial
Con la desaparición de las Comunidades Autónomas estaríamos cortando de un hachazo la mayoría de los problemas que azotan hoy España desde el plano político: el caciquismo territorial, el sistema de familias cuasi mafioso, la politización y utilización de las instituciones, el despilfarro, el sometimiento de la mayoría a una minoría necesaria muchas veces para gobernar, la deslealtad en la consecución del bien común, la nefasta gestión de la educación y sanidad, etc.
Así mismo, haciendo de los ayuntamientos órganos despolitizados, los convertiríamos en órganos de gestión al servicio del ciudadano llenos de profesionales. Casas del pueblo donde la gente va a que solucionen sus problemas y les hagan la vida más fácil.
Un mejor rendimiento económico
También se beneficiaría su rendimiento económico, no sólo por tener que dejar de pagar sueldos estratosféricos a una pléyade de políticos, asesores y empleados públicos diversos, sino porque el sistema de contrataciones a nivel provincial abarataría los costes y los haría más eficaces.
Todo ello tendría claro está su correspondiente reflejo en el bolsillo del ciudadano vía impuestos.
Conclusiones
El plan final de cualquier liberal debería ser ir quitándole cuotas de poder al poder político y devolvérselo a la sociedad civil, si eso se antoja de momento imposible en un país como el nuestro, intentemos al menos reducir las oportunidades de ejercer ese poder a los políticos.
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