Por Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados (@diebarcelo
Cualquiera que haya utilizado los servicios de Uber, Cabify u otras plataformas VTC, habrá podido comprobar el excelente servicio que prestan: rápido, seguro, cómodo y económico. No puede sorprender, entonces, el éxito que han conseguido, alcanzando, según la asociación que los nuclea, a siete millones de usuarios en España.
El servicio de esas plataformas es una competencia directa al monopolio del taxi. Lógicamente, los taxistas quieren eliminar esa competencia. Por eso se está generalizando una protesta del sector del taxi en las principales ciudades de España, que en algunos casos ha derivado en actos de violencia inaceptables.
La extensión de la protesta sugiere que, tras años de conflicto latente (y no tan latente), ha llegado el momento de resolver esta cuestión de forma definitiva. El principio que debería guiar una propuesta de solución es la defensa de la competencia (a más competencia, mejores y más baratos productos y servicios) y el respeto de los derechos de todos.
Por eso hay sugerencias que deben descartarse de entrada. Entre ellas, la idea de exigir una licencia extra a las plataformas VTC en cada municipio, la limitación del número de licencias VTC (el Ministerio de Fomento intentó en vano solucionar este conflicto fijando arbitrariamente una ratio de una licencia VTC cada 30 de taxis) o la prohibición lisa y llana de las plataformas VTC. Más problemática aún podría resultar la “idea” de descentralizar la regulación del sector, para que cada municipio hiciera lo que creyera más conveniente.
Hay un derecho de los taxistas que no se puede obviar: su derecho de propiedad sobre las licencias que han comprado, a unos precios normalmente muy elevados. Que las plataformas VTC puedan prestar su servicio pagando una licencia mucho más barata vulnera el derecho de propiedad de los taxistas y crea una competencia no equitativa.
Obligar a esas plataformas al pago de una licencia de un valor similar al que pagaron los taxistas no tendría sentido. Sería matar un servicio que los consumidores desean y que puede dar empleo a mucha gente.
Entonces, queda una única solución posible: que se recompren a los taxistas sus respectivas licencias. Recompradas todas las licencias de taxi, todas las licencias (taxi y VTC) serían libres (gratis y sin límites cuantitativos). Luego, cada taxista o conductor de una plataforma VTC podría decidir libremente su futuro: los taxistas podrían pasarse a las VTC o viceversa. ¿Quién decidiría cuántos taxis y cuántos coches VTC habría? El consumidor, cuya libertad para elegir uno u otro servicio debería ser irrestricta.
Alguno dirá que es una solución propia del “capitalismo salvaje”. La verdad es que es el mismo sistema que regula la actividad de las panaderías y muchísimos otros sectores: libertad para empresarios y trabajadores para entrar y salir del sector cuando quieran, y libertad del consumidor para elegir dónde, cuándo, cuánto y qué comprar.
En ese marco, las negociaciones para resolver el conflicto dejarían de girar en torno a cuánto se limita la libertad de elegir de los consumidores, sino a cuánto se paga cada licencia de taxi recomprada, cómo financia esa compra (se hace cargo el municipio, la autonomía respectiva, el Estado central o una combinación de los anteriores) y en qué plazos lo hace. Los pasos hacia la liberalización total del sector deberían ligarse a los plazos del pago de la recompra de las licencias: pago inmediato, liberalización inmediata; pago en cuotas, liberalización gradual.
Respetar el derecho de propiedad de los taxistas, la libre elección de los consumidores y la libertad de prestación de servicios por parte de los conductores (taxi o VTC). Esa es la única forma de alcanzar una solución estable y beneficiosa para el conjunto de la sociedad.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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